El rechazo del decreto de la estiba resucita el riesgo de unas nuevas elecciones

La derrota que sufrió ayer el Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, que supuso la derogación del decreto ley de la estiba portuaria, marca un punto de inflexión en la legislatura, y podría ser el inicio del camino hacia un posible adelanto electoral. La Moncloa recibió con preocupación un varapalo con consecuencias políticas, pero también económicas, porque los ciudadanos tendrán que pagar de sus bolsillos una multa diaria de 134.000 euros, impuesta por Bruselas, al no aprobarse una reforma obligada para cumplir el objetivo de liberalizar el sector de la estiba.

El Gobierno se tomó la votación como un ensayo de los Presupuestos, que pretende llevar al Congreso a principios de abril. Era el momento de ver hasta qué punto los grupos de la oposición se involucraban con la estabilidad política o bien preferían el «castigo» al Gobierno, y también para comprobar cómo respondían los socios del Ejecutivo.

El resultado no pudo ser más desalentador para el Gobierno: 142 votos a favor (PP más sus aliados electorales y el PNV), 175 en contra (PSOE, Unidos Podemos, ERC y la mayoría del Grupo Mixto, incluida Coalición Canaria) y 33 abstenciones (Ciudadanos más Íñigo Errejón, que luego aclaró que se había equivocado al votar).

Fue un jarro de agua helada para el Gobierno. Las caras largas lo decían todo. No ocultaban su indignación con el partido al que Rajoy señala como «socio preferente», Ciudadanos, que la tarde anterior estaba comprometido a votar «sí». El partido de Rivera dio un bandazo en pocas horas, al ver que el Gobierno no iba a conseguir los votos suficientes por la falta de un acuerdo con los trabajadores, y dejó caer solo al Ejecutivo. Desde La Moncloa acusaron de «deslealtad» al partido naranja, que hasta en tres ocasiones dijo al ministro que votaría a favor del decreto ley. «Habían comprometido una posición de voto, eso es sagrado en política, y no han cumplido», señalaron en el Gobierno.

Con el PSOE también hubo decepción, pero por «su irresponsabilidad». Rajoy está convencido de que los socialistas habrían actuado exactamente igual que él en caso de estar en el poder, y el Gobierno cree que fue un error garrafal que supeditaran su apoyo al acuerdo entre los trabajadores y la patronal. «Dieron a los sindicatos una munición inesperada al decirles que no aprobarían el decreto si no había acuerdo». Fuentes del Ejecutivo señalaron que el Gobierno se ha reunido tres veces con el portavoz socialista, Antonio Hernando, y este confesó que en el fondo su partido está de acuerdo con el decreto, pero su situación interna le impide apoyarlo.

Confianza quebrada

Después de esta votación, la confianza entre el Gobierno y su «socio preferente» se ha quebrado. Quizás no de forma permanente, como quieren pensar todavía los optimistas de La Moncloa, pero ya nada será igual entre el PP y Ciudadanos. Y si no hay confianza, la próxima prueba de fuego, la aprobación de los Presupuestos, será el más difícil todavía.

Por eso, desde el Gobierno se teme que ayer pudo darse el primer paso hacia unas nuevas elecciones generales, el escenario político que el presidente no quiere ver ahora mismo de ninguna manera. La última vez que se pronunció públicamente sobre esta posibilidad fue hace una semana en Bruselas: adelantar elecciones sería muy perjudicial para España, advirtió. «Cada cual debe asumir sus responsabilidades», avisó. Rajoy no quiere elecciones, pero si cuando llega una votación decisiva como la de ayer sus socios no responden y el PSOE prefiere votar con Podemos, la inestabilidad está garantizada y gobernar es sencillamente «imposible», como advierten en Moncloa. «El Gobierno tiene que poder gobernar», insisten. Con solo 137 votos asegurados, el Ejecutivo no está en condiciones de poder hacer previsiones a largo plazo: no depende solo de él.

En esas circunstancias, gobernar podría ser tarea imposible. «Si acumulamos varios palos como el del decreto ley de la estiba, el debate sobre un posible adelanto electoral se abrirá cada vez más, y no en el Gobierno, sino en la calle y en la sociedad», señalan en el entorno del presidente. Si hay que pensar en nuevas elecciones, quizás el momento sería a finales de este año o principios del que viene, en el caso de que el Congreso tumbara los Presupuestos Generales de 2018 en el mes de octubre.

Dos precedentes

La derogación de un decreto ley es un hecho excepcional en la política española. En la historia de la democracia solo existen dos precedentes de no convalidación de un decreto y uno de ellos fue por equivocación. El primero tuvo lugar el 6 de febrero de 1979 con UCD en el Gobierno, con motivo de la prórroga de la Junta Central de Acuartelamiento. El segundo se produjo el 9 de febrero de 2006 por un error del grupo socialista en la votación de los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco.

Ayer, todos los grupos avisaron a sus diputados que no podían faltar bajo ningún pretexto a una votación fundamental. El debate transcurrió entre tensas y duras acusaciones de unos y otros marcadas por la presencia de los representantes de los trabajadores de la estiba en la tribuna de invitados del hemiciclo. El diputado del PSOE, César Ramos, acusó al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de hacer ofertas con trampa a los trabajadores y le echó en cara un esfuerzo negociador insuficiente.«Si uno se sienta a la mesa una hora eso no es una negociación: hay que arremangarse y ponerse a trabajar para que haya un acuerdo», advirtió. También reprochó al ministro que haya utilizado la posible nueva multa europea como herramienta de presión a la oposición. «Si se hubiera tomado un chupito cada vez que hubiera dicho multa no hubiera acabado la intervención», le recriminó.

La intervención más dura procedió de Podemos cuyo orador tachó el texto de «salvaje» y llegó a exigir al presidente del Gobierno una dimisión «al más alto nivel», apuntando directamente al ministro de Fomento, para depurar responsabilidades por la segunda multa que probablemente impondrá ahora la Comisión Europea a España.

A la espera de un acuerdo

El ministro explicó, antes de abandonar derrotado el Congreso, que el decreto ley derogado cumplía estrictamente con la sentencia europea y que, por lo tanto, el Gobierno no dará ningún otro paso legislativo a la espera de que las partes implicadas lleguen a un acuerdo y el texto pueda ser aprobado más adelante. De la Serna se mostró tajante con la oposición: «Lamento la falta de responsabilidad política que aboca a los españoles a tener que pagar una sanción europea de su bolsillo», sentenció.