Estiba: un órdago a la legislatura

La derrota del Gobierno en el Congreso de los Diputados, tras ver rechazada la reforma de la estiba portuaria, tiene un significado que no se puede maquillar: es una crisis de legislatura en toda regla. Si el Gobierno no tiene apoyo siquiera para sacar adelante una reforma impuesta por la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –con un impacto muy limitado al sector, monopolizado anacrónicamente por los estibadores– difícilmente puede garantizarse a sí mismo, y menos aún a los mercados y a los socios europeos, una legislatura estable. La deserción de Ciudadanos, enfrascado en su guerra de guerrillas contra el Partido Popular, y la oposición táctica del PSOE, inhabilitado para dar apoyo al PP mientras dure su proceso de primarias, han sido determinantes de una votación en la que ha prevalecido la cortedad de miras sobre la responsabilidad institucional.

Unos y otros buscaban demostrar a Rajoy que depende de ellos. Ya lo han conseguido, pero hoy y mañana y en los meses que vienen habrá que seguir gobernando y, sobre todo, llevar al Parlamento un proyecto de presupuestos generales del Estado que, en estas condiciones, nadie puede pensar que llegue a aprobarse. En el momento en el que España se incorpora al cuarteto que va a reimpulsar la Unión Europea, se lanza desde nuestro país un mensaje de inestabilidad. Ni siquiera en lo obvio –ejecutar la liberalización del sector de los estibadores– es posible el consenso entre el Gobierno y la oposición. Mariano Rajoy estaría legitimado para valorar si esta legislatura tiene recorrido o está entrampada por la política a corto plazo del PSOE y de Ciudadanos. También el presidente tiene bazas en su mano y no le queda otra opción que reaccionar ante el revés de ayer. No tiene sentido aguantar a cualquier precio, máxime cuando quien más arriesgaría ahora en las urnas no sería precisamente el Partido Popular.

Es evidente que la derrota del Gobierno es una suma de diversos factores. Pero sea el Real Decreto-ley rechazado u otro parecido, España tendrá que liberalizar más pronto que tarde este mercado, cautivo de la estiba portuaria, con nóminas privilegiadas, que ha concitado el incomprensible apoyo de los socialistas y de la extrema izquierda. El Gobierno, por su parte, no ha medido demasiado bien algunos de los pasos que ha dado, pero los errores del Ejecutivo no justifican el castigo económico y, peor aún, político que supone para España la votación de ayer en el Congreso. Ahora, la duda de Bruselas ya no recae en la reforma de la estiba portuaria, sino en la posibilidad de que en España se aprueben unos presupuestos con el rigor que exige la cambiante situación económica en nuestro país.