Puigdemont prolonga su agonía con una cuestión de confianza en septiembre

La política catalana no sale de su bucle. Cuatro años después del inicio del desafío soberanista, Cataluña sigue inmersa en la confusión, afrontando a la vuelta del verano una nueva sacudida política, atisbando en el horizonte las que podrían ser sus cuartas elecciones autonómicas desde que en 2010 Convergència i Unió -antes del divorcio de CDC y UDC- recuperase la Generalitat tras lo que entonces parecían los años convulsos del tripartito: un oasis de estabilidad comparado con lo que ha venido después. El proceso soberanista aparece tocado de muerte.

De manera sorpresiva, y después de que la CUP cumpliese con su anunciado veto a la ley de Presupuestos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer en el Parlamento catalán que a la vuelta del verano se someterá a una cuestión de confianza, que en caso de que no supere conducirá a unas nuevas elecciones autonómicas.

Aplazando unos meses lo que se antoja como una «muerte anunciada» -usando la terminología de la líder de C’s, Inés Arrimadas-, el proceso soberanista parece adentrarse en una fase terminal.

Como ha sucedido desde que comenzase el llamado «proceso», en momentos de zozobra el soberanismo opta por una patada hacia adelante, aunque nunca como ahora el independentismo se presenta tan fracturado, tan cerca del abismo. «No tengo ningún interés en alargar injustificadamente el mandato ni en administrar las sobras de un presupuesto ya prorrogado», apuntó ayer Puigdemont desde la tribuna del Parlament después de que sus anhelados socios de la CUP, fracturados a su vez entre los más radicales y los más posibilistas, sumasen sus votos a los del resto de partidos de la oposición para tumbar la ley de Presupuestos.

«Condiciones y mayorías»

Asumiendo que no cuenta con la confianza de la mayoría de la Cámara, Puigdemont planteó la moción como una forma de «aclarar en qué condiciones y con qué mayorías se puede alcanzar la hoja de ruta hacia el estado catalán independiente». Aunque podría someterse a la cuestión de confianza la próxima semana -como le exigió el popular Xavier García Albiol-, Puigdemont explicó que lo hará en septiembre, momento en que atendiendo los plazos legales ya podrá disolverse el Parlament y convocarse comicios en caso de que no logre el apoyo de la mayoría de los diputados.

Aunque el presidente catalán no lo hizo explícito, tampoco ninguno de los otros líderes aludió a ello, el resultado de las elecciones generales del día 26 tendrá obviamente influencia en lo que suceda en la política catalana en adelante: tanto para conocer si un hipotético Gobierno de izquierdas en la Moncloa alimenta el frente pro referéndum que encabezará Ada Colau y su entorno en detrimento del independentismo, como para saber el nivel de desgaste de CDC, previsiblemente grande, en el ciclo electoral que podría abrirse y, por tanto, su predisposición real a convocar unas nuevas elecciones autonómicas. Entre convergentes y «cuperos», la figura cada vez con mayor peso de Oriol Junqueras (ERC).

En cualquier caso, nadie ahorrará a Cataluña cuatro meses más de «impasse» político y parálisis gubernamental, todos pendientes, de nuevo, del debate interno en el seno de la CUP, formación de naturaleza antisistema sobre la que el resto del independentismo -incluidos aquellos sectores en las antípodas de los anticapitalistas- depositaron su confianza. Aunque el anuncio de Puigdemont fue acogido con una ovación por parte de sus diputados, lo único que consigue es una prórroga, como sus Presupuestos, en tanto que su supervivencia, y la del «proceso» por extensión, vuelven a quedar en manos de los diez representantes antisistema en la Cámara y de las sucesivas asambleas de su partido. El bucle de siempre.

Rediseñar la «hoja de ruta»

Aunque previsiblemente Puigdemont tendrá que plantear a la CUP un rediseño de la «hoja de ruta» si es que quiere lograr su confianza en septiembre, ahora mismo la «guerra civil» en el seno del soberanismo es descarnada, una beligerancia entre unos y otros que tuvo su reflejo en la sesión de ayer en el Parlament, donde los representantes de Junts pel Sí parecieron quemar todos los puentes con la CUP tras su veto. Una ruptura que parece difícil de recomponer en los próximos meses, y ante la perspectiva de una Diada -11 de septiembre- que ya se prefigura como un gran acto de presión sobre los anticapitalistas.

«Confiaba en ustedes, les he defendido hasta el final, y mucha gente confiaba en ustedes», apuntó Puigdemont con gesto severo dirigiéndose a los diez diputados de la CUP, partido que según el presidente ha «decepcionado las esperanzas de millones de personas movilizadas estos años y que no tenían otro cálculo que Cataluña fuese un Estado independiente». En Junts pel Sí el veto a los Presupuestos se interpreta como una traición, al entender que la CUP no ha cumplido con el pacto de estabilidad que implicó el «paso al lado» de Artur Mas y la investidura de Puigdemont. En la CUP, empeñados en arrastrar a CDC y ERC a presentar unos «presupuestos» de ruptura, se declaraban «corresponsables pero no culpables» de lo sucedido.

Mientras el frente soberanista se fracturaba a ojos de todos, el resto de líderes políticos asistían al espectáculo con gesto de preocupación. Para Inés Arrimadas (C’s), la cuestión de confianza de septiembre es la «crónica de una muerte anunciada», a la vez que exigía a Puigdemont que «no haga perder más el tiempo a los catalanes». Por su parte, García Albiol (PP) apuntaba de modo irónico que el presidente catalán está protagonizando una legislatura «histórica», ante la que se le presentan dos opciones: convocar elecciones o «reconocer que su aventura independentista se ha acabado».

Por su parte, Miquel Iceta (PSC) felicitó a Puigdemont por someterse en septiembre a la confianza de la Cámara y le brindó su apoyo si JpS apuesta por «un nuevo pacto con el resto de España», por la «estabilidad» y por el «buen gobierno». Lluís Rabell (CSQP), en paralelo, apuntó que el anuncio de Puigdemont «se queda corto y no acaba de asumir que el problema no es tanto de la lealtad sino la hoja de ruta». Para Rabell, en un análisis compartido por la mayoría de partidos, el problema de fondo es que CDC y ERC no asumieron que de las elecciones del 27-S no se obtuvo un mandado suficientemente amplio para avanzar hacia la independencia.

«Punto final»

Por parte del Gobierno de la Nación, el ministro del Interior, Jorge Fernández, consideró que la cuestión de confianza supondrá «el punto final a todo el proceso independentista». A su juicio, esa cuestión a la que se someterá el presidente autonómico catalán debería ser «inminente» y no aplazarse hasta septiembre.