España

Prisión para seis de los ocho arrestados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua

La Fiscalía no reclama cárcel para las dos mujeres, por su menor participación en el ataque

Fotografía facilitada por la Guardia Civil de uno de los ocho detenidos en la operación policial contra los autores de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua
Fotografía facilitada por la Guardia Civil de uno de los ocho detenidos en la operación policial contra los autores de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua - EFE

Prisión sin condiciones por un delito de terrorismo. Es la medida que ha acordado este lunes la juez Carmen Lamela para seis de los ocho arrestados por la agresión a dos guardias civiles, y sus parejas, en la localidad de Alsasua (Navarra) el pasado 15 de octubre. La magistrada ha adoptado esta decisión para seis de los supuestos agresores (Iñaki Abab, Oihan Arnanz, Julem Goicoechea, Jon Ander Cob, Jokin Unamuno, Aratz Urrizola) al considerar que existe riesgo de que se fuguen y alejen de la acción de la justicia.

Dos de las ocho personas arrestadas por el brutal ataque a los agentes se han librado de entrar en la cárcel. Se trata de las investigadas Edurne Martínez y Ainara Urquijo, las dos únicas mujeres detenidas por ahora. El Ministerio Público no ha pedido cárcel para ellas por entender que tuvieron una menor participación en la agresión, según informaron a ABC fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios.

Cuando asumió las riendas de la investigación, la magistrada justificó que el ataque puede constituir un delito de terrorismo porque los agresores buscaban «atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas, generando una grave alteración para la paz pública».

La Guardia Civil, a quien la magistrada solicitó un informe sobre la campaña de acoso que sufre en Navarra y País Vasco, ha encuadrado la agresión en el movimiento «Fuera de aquí», que reclama la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad desde 1999. Esta campaña, iniciada por organizaciones satélite de ETA, continúa a través de plataformas populares de la izquierda abertzale, como el movimiento Ospi de Alsasua al que pertenecen los agresores. Según los investigadores, esta campaña persigue generar una «sensación de continuo miedo» e impedir que los agentes desarrollen una vida normal y se relacionen con otras personas del pueblo.

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