El presidente del Constitucional afirma que el tribunal «no puede resolver» el problema catalán

María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido y Alfredo Montoya ya son miembros oficiales del Tribunal Constitucional. Ricardo Enríquez, que también forma parte del tercio de magistrados elegidos por el Senado, ha renovado su cargo. Este miércoles se ha celebrado en el TC la toma de posesión de los magistrados que la Cámara Alta eligió en Pleno hace unos días. El martes, los elegidos juraron su cargo ante el Rey.

Una vez queda constituida la composición del nuevo tribunal, en el que sigue imperando una mayoría conservadora, solo queda constituir el Pleno para elegir al nuevo presidente del órgano, que sustituirá al hasta ahora presidente, Francisco Pérez de los Cobos.

El Pleno se celebrará el viernes a las 11 horas.

Entre los candidatos que se barajan está el del magistrado Andrés Ollero, aunque al conocerse sus intenciones de presidir el tribunal, el PSOE vetó su candidatura argumentando que había desempeñado cargos políticos y estaba vinculado al PP. El nombre que se postula más claro tras el veto a Ollero es el del magistrado González Rivas, al que los socialistas no impondrían, en principio, veto alguno.

En su discurso de despedida, Pérez de los Cobos, magistrado desde 2013, ha apelado al «orgullo» que supone encabezar el órgano y ha destacado el trabajo realizado durante estos años, en los que se ha logrado reducir los asuntos pendientes de sentencia de 331 a 144, lo que significa, ha explicado el magistrado, que «si se mantiene el ritmo actual de trabajo, el nuevo Tribunal puede alcanzar el objetivo, que por momentos ha parecido inalcanzable, de ponerlo al día».

Pérez de los Cobos también ha apelado al conflicto soberanista de Cataluña, del que ha recalcado que es un conflicto que «el tribunal no puede resolver» y ha apelado a que «son los poderes públicos quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito».

No obstante, el magistrado destacó la sentencia por la que se suspendió en marzo de 2014 la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña aprobada por el Parlament. «En ella, nuestra vicepresidenta dio la talla de su condición de jurista y de su hondo sentido institucional».