El PP acepta reformar la Ley de Seguridad Ciudadana tras asumir que no puede hacer frente a la oposición

El Grupo Popular tenderá esta tarde la mano al resto de los partidos para debatir y retocar algunos de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La oferta se producirá en el hemiciclo justo antes de que se apruebe la toma en consideración de una iniciativa del PSOE para derogar el texto aprobado por el exministro Jorge Fernández Díaz y otra del PNV para reformar un total de 44 artículos del mismo texto.

No obstante, los populares votarán en contra de ambas propuestas ya que, según ha avanzado el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, al considerar que la ley fue «buena» y ha dado resultados.

La oferta del PP no es fruto así de un cambio de convicción sino una estrategia para intentar que que los cambios que introduzca la oposición durante la tramitación parlamentaria de ambas inicitivas sean los menores posibles.

Y es que los populares no tienen capacidad para frenar el ataque de la oposición en esta ley, una de las tres reformas insignia de la primera legislatura de Mariano Rajoy junto con la LOMCE y la reforma laboral.

De hecho, Hernando ha dejado claro que su grupo buscará un acuerdo sobre «lo que no ha funcionado y ver qué ha funcionado bien para poder conservarlo». Pero sobre la base de que ha sido una «ley buena para mejorar la seguridad en nuestro país».

Entre las dos iniciativas presentadas, la impulsada por el PNV será la que sirva probablemente como marco para esa negociación ya que se enmarca en la idea de mofdificación y no derogación que busca el PP. No obstante, hay puntos en la iniciativa vasca que no comparten los populares como la legalización del consumo público de drogas.

Al mismo tiempo, el PSOE, aunque propone la derogación de la ley actual, reconoce que su objetivo es retirar los artículos que consideran más lesivos para los derechos de los ciudadanos.

En la otra cara de la moneda, el portavoz socialista, Antonio Hernando, se ha mostrado henchido de orgullo porque el Congreso ponga en marcha el proceso para «quitarle la mordaza» al país.