El Congreso abre esta semana la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana

Todavía no ha cumplido dos años y la ley de Seguridad Ciudadana será sometida a revisión en el Congreso en un proceso en el que debe decidirse la profundidad de los cambios que se introducen en una de las normas más polémicas de la pasada legislatura. Por el momento, los grupos tendrán que posicionarse sobre dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV sobre esta normativa: la primera de ellas supondría prácticamente la derogación y la segunda es más «posibilista» y ataca a los aspectos más controvertidos.

A la espera del pleno, la voluntad de los grupos es votar a favor de esa toma en consideración, porque eso supondrá abrir una ponencia donde ya cada uno podrá ir incorporando sus propuestas.

Eso sí, lo harán con la mirada puesta en el PP, sobre todo después de que el nuevo equipo de Interior haya reiterado su voluntad de diálogo y de modificar la norma, aunque en ningún caso aceptará su derogación.

Opción PSOE

Con la vista puesta en el martes, el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, recuerda la moción que en su día aprobó la mayoría del Congreso para pedir la derogación de la ley y, por eso, cree que un nuevo texto como el que propone su grupo supondría «hacer realidad ese sentir mayoritario».

Suprimir del texto aún en vigor los aspectos que se han recurrido por inconstitucionales y preservar derechos constitucionales que la ley «ha restringido hasta hacerlos irreconocibles», como los de reunión, expresión, de huelga y otros, son las metas que persigue la propuesta socialista, que no está cerrada, «sino abierta al diálogo», dice Trevín.

Opción PNV

La iniciativa del PNV es «más posibilista» y «más constructiva» que la del PSOE y, por ello, en lugar de apostar por una derogación, pretende la reforma de los aspectos más controvertidos de la norma, indican fuentes del grupo vasco. Pese a que aún no se han producido contactos con el resto de las fuerzas políticas, el PNV tiene constancia de que el Gobierno, como ha manifestado el ministro del Interior, piensa que su texto es una buena base para comenzar a negociar.

El PNV quiere acabar con los «aspectos más abusivos» y «desproporcionados» de la ley, sobre todo aquellos que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas, y es contrario, entre otras cuestiones, a las sanciones por las manifestaciones frente al Congreso, por las concentraciones sin previo aviso o por las grabaciones a la Policía durante esas protestas.