Podemos Baleares, en descomposición

Suspenden de sus funciones en el Consejo Ciudadano a la militante que fue coaccionada por la Comisión de Garantías, mientras los críticos acusan a la dirección regional de «persecución macartista»

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
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La dirección de Podemos Baleares ha anunciado este sábado, a través de un comunicado, que la militante del sector crítico a quien meses atrás la Comisión de Garantías regional ofreció un trabajo a cambio de su silencio, Carmen Azpelicueta, ha sido suspendida cautelarmente de sus responsabilidades en el Consejo Ciudadano, a la espera de que se resuelva la investigación que, a instancias de la propia dirección regional, iniciará la Comisión de Garantías estatal para conocer los pormenores de este caso. Esta suspensión, que puede resultar paradójica al ir dirigida contra quien en realidad fue víctima de un presunto chantaje, es el último capítulo, por ahora, de la grave crisis interna que desde hace meses está viviendo la formación morada en el Archipiélago.

Para contextualizar la decisión adoptada hoy por la dirección de Podemos Baleares, cabe recordar que el pasado miércoles se filtró la grabación de la conversación en donde se evidenciaba el citado ofrecimiento laboral. En la charla, mantenida en julio de 2015, participaron el entonces secretario jurídico de la Comisión de Garantías regional, Joan Canyelles; el presidente de dicho órgano disciplinario, Pasqual Ribot, y la propia Azpelicueta, a quien se había abierto un expediente poco antes.

Con anterioridad a la apertura del citado expediente, Azpelicueta se había presentado a las primarias que debían decidir quién sería el cabeza de lista de Podemos al Consell de Mallorca en las elecciones de mayo de 2015. El candidato oficialista, Jesús Jurado, se impuso finalmente en dichas primarias, mientras que a Azpelicueta se le abrió dicho expediente por un presunto fraude en el proceso de votación.

En la conversación que se ha hecho pública esta semana entre Canyelles y Azpelicueta, el secretario jurídico de la Comisión de Garantías regional se comprometía a encontrarle un trabajo a Azpelicueta y a cerrar su caso a cambio de su silencio durante unos meses y de su apoyo a la dirección. La filtración de esta conversación provocó el pasado jueves la dimisión de Canyelles y la disolución provisional del citado órgano disciplinario, al no contar ya con el mínimo de letrados exigidos.

A lo largo de aquella charla, Canyelles parecía hablar siempre en nombre de la Comisión de Garantías regional. En un momento de dicha conversación, Canyelles dio a entender que el secretario general de Podemos Baleares, Alberto Jarabo, conocía este caso concreto y que incluso habría dado su aprobación para el cierre del expediente de Azpelicueta a cambio de su silencio. Sin embargo, el secretario de Organización autonómico, Alejandro López, afirmó el jueves que Canyelles habría actuado sólo a título personal, recalcando además que «Jarabo evidentemente no sabía nada de esto ni tiene nada que ver».

El comunicado hecho público este sábado por la dirección de Podemos Baleares reitera que ni Jarabo ni el Consejo Ciudadano conocían la existencia de dicha conversación, cuyos términos condenan «con firmeza». La nota también aclara que al estar ahora ya disuelta la Comisión de Garantías regional, no era posible formalmente la dimisión de Ribot, a quien en cualquier caso se ha abierto también un expediente, junto con Canyelles y con Azpelicueta.

La nota de la dirección regional también señala que desde hace meses hay personas en el partido que «actúan en base a una ética personal muy alejada de lo que se espera de alguien que pertenezca a Podemos». Asimismo, se indica que el hecho de que la mencionada conversación se haya hecho pública justo ahora «sólo se entiende dentro de una estrategia para dañar la imagen del partido por personas que anteponen su interés personal a los objetivos de Podemos».

Una crisis que viene de largo

La actual crisis interna en la formación morada se inició meses atrás, por razones completamente ajenas al contenido de la citada conversación. Así, en octubre del pasado año la presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, y la diputada autonómica Montserrat Seijas amagaron en un chat interno con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico del militante Daniel Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear.

A partir de ese momento, se les abrió a ambas diputadas un expediente por parte de la Comisión de Garantías regional, que informó del caso al órgano equivalente estatal. El proceso disciplinario culminó recientemente con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos, a pesar de que finalmente ambas votaron a favor de los Presupuestos, al igual que el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y sus ya excompañeros de partido. Por lo que se refiere al citado convenio con Bachiller, no fue prorrogado por el Ejecutivo autonómico, que preside la socialista Francina Armengol.

Huertas y Seijas han venido reiterando que su reciente expulsión no obedecería a una supuesta vulneración del «código ético» del partido, sino sólo al hecho de haber cuestionado diversas actuaciones de la cúpula regional y de Jarabo, algo que éste niega.

Por su parte, otros representantes del sector crítico han constituido recientemente un grupo denominado «El Podem que Volem» («El Podemos que Queremos»), que ayer viernes pidió, a través de una carta abierta, el cese inmediato de la dirección regional y también de la insular. Asimismo, solicitó la convocatoria de elecciones internas y la revisión de los expedientes disciplinarios abiertos a Huertas, Seijas y Bachiller, así como de aquellos otros «instados pero nunca tramitados por conveniencia, por su utilización como mero instrumento de descrédito y amedentramiento».

El citado grupo crítico también señalaba en su escrito que la crisis en el seno de Podemos Baleares habría sido provocada «por una concepción patrimonial y mafiosa» de lo que debería ser una dirección política, convirtiéndose de ese modo en «una casta al servicio propio». Asimismo, se denunciaba la «persecución macartista de todas las opiniones y propuestas que no coincidan con los intereses personalistas de la dirección, la cual se ha rodeado de esbirros que ejecutan las más inconfesables fechorías emanadas de la dirección y del propio órgano que tenía que velar por los procesos garantistas y democráticos».

En este contexto de tensión interna, el próximo lunes, 9 de enero, el Grupo Parlamentario de Podemos en la Cámara regional se reunirá para proceder a la expulsión de Huertas y de Seijas del mismo. Una vez que se haya ratificado que ambas ya no forman parte del que hasta ahora había sido su grupo, esta decisión será comunicada a la Mesa del hemiciclo, cuya presidenta seguirá siendo aún la propia Huertas. El siguiente paso debería ser el cese de la segunda autoridad institucional del Archipiélago, ya que el actual reglamento de la Cámara establece que uno de los motivos para el abandono de la Mesa por parte de un diputado o una diputada es «dejar de pertenecer a su grupo parlamentario». En principio, Huertas y Seijas pasarán a formar parte del Grupo Mixto, ya que por ahora no tienen previsto renunciar a su escaño.

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