Un Pacto de Estado para una Justicia eficaz e independiente

Carencias estructurales del sistema judicial español -como la insuficiencia de jueces frente a otros países europeos-, la falta de voluntad política para invertir en justicia, su imagen de politización, su lentitud, la descoordinación entre Consejo General del Poder Judicial, Ministerio y comunidades autónomas con competencias transferidas... La Justicia sigue siendo la asignatura pendiente del Gobierno de España, en un momento especialmente preocupante: la percepción que los ciudadanos tienen de su independencia se sitúa en el tercer puesto por abajo de los países que forman parte de la UE. Empata con Croacia y solo la «superan» Bulgaria y Eslovaquia.

Los profesionales de la justicia coinciden en el diagnóstico: como la sanidad y la educación, la justicia no debería estar sujeta a vaivenes políticos ni a la aprobación ingente de leyes a modo de parches.

Es necesario abordar una reforma integral que empiece por decidir qué modelo procesal debe imponerse (si debe dejarse la investigación en manos del fiscal o que continúe en manos del juez), y a partir de ahí empezar a construir un nuevo edificio con una reordenación de la Justicia tanto a nivel territorial como organizativo. Es necesario un Pacto de Estado por la Justicia.

Es obvio que algo está fallando en el sistema cuando hay juzgados en España que están al 150 por ciento de su capacidad y otros no llegan al cien por cien de la carga de trabajo establecida por el CGPJ; cuando los juzgados de lo Social de Madrid están señalando vistas para dentro de dos años o cuando siete de cada diez jueces reconocen que la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas no ha sido beneficiosa para la justicia. ¿Hasta qué punto la efectividad de la justicia puede quedar condicionada por el mayor o menor interés que puedan tener las distintas administraciones con las competencias tranferidas?

La tasa de litigiosidad -que no frenó la implantación de tasas judiciales para las personas físicas- es otro de los factores que contribuyen a la lentitud de la justicia, sin que se pongan los medios personales y materiales que servirían en parte para paliar esta situación. El 70 por ciento de los asuntos que ingresan en los tribunales recaen en la jurisdicción penal. España tiene once jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la ratio en los países de nuestro entorno es de 21 por 100.000. En los últimos ocho años deberían haberse creado unas mil plazas para haber mantenido un ritmo aceptable de crecimiento de la planta judicial, y sin embargo se han creado tres, según denuncian los jueces decanos en las conclusiones de su última reunión anual, que se celebró del 25 al 28 de octubre en Vigo.

Pero junto con el número de efectivos pesan otras circunstancias que ralentizan las instrucciones y que para los jueces y fiscales no se solucionan solo estableciendo plazos (la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal fija seis meses para las investigaciones simples y 18 para las complejas, las macrocausas). Entre ellas, la lentitud en la tramitación de los refuerzos, en la recepción de informes periciales y documentación de otras entidades, o en la preparación, traducción y remisión de comisiones rogatorias. No solo la aplicación de las nuevas tecnologías de forma paulatina y coordinada contribuiría a agilizar las instrucciones. También la creación de un cuerpo de peritos exclusivamente al servicio de los juzgados y tribunales cuyos servicios pudieran solicitarse de forma ordinaria y no solo en las causas complejas.

La imagen de politización de la Justicia es otro de los lastres del Poder Judicial, al que no ayudan el actual sistema de nombramientos de los vocales del CGPJ ni el fenómeno de las puertas giratorias, en el que los ciudadanos asisten perplejos a cómo, tras su paso por la política, un juez se vuelve a enfundar la toga para enjuiciar casos muchas veces tangencialmente relacionados con los partidos a los que sirvieron.