Operación Madeja o así se corrompe «Españistán»

Esta historia de corrupción comenzó cuando España se asomaba a una prosperidad de apariencia interminable y se cerró con el país tumbado en el diván posterior a la crisis económica. Entre 1995 y 2013, un grupo de empresarios compró con dinero y regalos a funcionarios de nivel medio a cambio de que favorecieran a sus compañías. Los tentáculos de la red, que nació en Andalucía, se extendieron por Extremadura, Aragón, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Aragón. Hay noventa y seis personas imputadas, ocho de las cuales declaran este miercóles y jueves en la Audiencia Nacional ante el juez José de la Mata. Es la Operación Madeja, una causa desconocida comparada con los grandes casos de corrupción, pero un buen símbolo de la España podrida.

Entre los implicados representantes de casi todo el arco político: PSOE, PP, IU, Coalición Canaria.

Así se corrompe «Españistán». El centro de la trama es la empresa andaluza Fitonovo, dedicada en la teoría a la consultoría ambiental, pero que se esmeró en «adjudicarse contratos públicos por medios fraudulentos» y pagó comisiones ilícitas por 4,3 millones de euros a lo largo de esos ocho años, según calculó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fitonovo formó una red de contactos formada por «funcionarios corruptos que les facilitaban» las contrataciones y creó una caja b para, entre otras cosas, pagar los sobornos. Así lo relata el juez De la Mata en el auto en el que asumió la competencia del caso por su gran envergadura.

El magistrado, quien ha dado un impulso a la causa al solicitar una seria de diligencias, interroga este miércoles y jueves a ocho imputados, todos ellos funcionarios de Sevilla y Canarias y administradores de sociedades vinculadas a Fitonovo. Entre los cinco que declaran este miércoles están el funcionario del ayuntamiento de Sevilla Javier Isidoro Gómez Garcimartín, el jefe de carreteras del Gobierno de Canarias, José María Maya Cáceres, y un ingeniero del Cabildo de Las Palmas, José Ulises Pérez González. El juez también solicitó a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social que realicen un informe sobre las consecuencias de las actividades irregulares de estas empresas y pidió documentación al ayuntamiento de Sevilla.

Los métodos empleados para conseguir los contratos son variados. Los corruptos se adaptaron a las distintas formas de las adjudicaciones para salir siempre exitosos. La forma más grosera era el pago de comisiones a través de dinero o de regalos. En los procesos cerrados a la Administración Pública, se simulaba una competencia ficticia. En los procedimientos abiertos, brotaba la imaginación. Se presentaban ofertas «en condiciones ventajosas» después de que los funcionarios «en nómina» de Fitonovo pasaran información privilegiada de las otras empresas concursantes. Se realizaban «ofertas deliberadamente falsas» que no se cumplían, con la complicidad del funcionario encargado de la ejecución del contrato. También se alteraban los precios en las subastas públicas, se cerraban acuerdos con las empresas competidoras o los funcionarios que valoraban las ofertas favorecían a Fitonovo. En ocasiones, todas las empresas participantes eran «actores de paja».

La corrupción continuaba después de la adjudicación. Los administradores de Fitonovo, (Rafael González Palomo y su hijo Juan Antonio González Baro), ambos imputados, devolvían el dinero ilícito «al circuito ordinario» con «constante facturación falsa de proveedores»: ampliaciones de capital, nuevas sociedades, inversiones. Tapaderas. Así compraron catorce yeguas y la finca rústica «Huerta Esteban», por un total de 77.935 euros. O crearon la sociedad Ecosilva, en diciembre de 2004, junto al empresario Adolfo de la Torre, delegado en Canarias. El dinero también se transformaba en dividendos empresariales a favor de ellos mismos: entre 2003 y 2010 se asignaron 2,483 millones.

La investigación, iniciada por la juez Mercedes Alaya, no ha cifrado el fraude generado en las arcas públicas. El juez José de la Mata, el titular del juzgado central de instrucción número cinco, asumió la competencia al apreciar que la trama habría generado un perjuicio económico a «una generalidad de personas» en el territorio de varias Audiencias: se extendió por varias comunidades. La red corrupta afectó a todas las administraciones: estatal, autonómica, local, insular, y a diversos organismos autónomos. También alcanzó al Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, a la consejería de obras públicas de Andalucía, a diversas delegaciones de Adif, al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina.

Para introducir el dinero ilícito al tráfico mercantil, la compañía creó una caja B, alimentada con facturas falsas, que también se destinó a pagar salarios opacos a trabajadores. La empresa creó sociedades filiales con las que ocultar su patrimonio: Fitoverde, Agropombo, Angoro Mpsl y Cobartis, firmas instrumentales de Fitonovo, quien también contó «con un nutrido grupo de comerciales» repartidos por áreas territoriales.

En la cúspide de la trama, cuya investigación brotó de Mercasevilla, el foco de corrupción del que también nacieron los EREs, estaba la máxima dirección de Fitonovo, formada por González Palomo y González Baro, padre e hijo, con la estrecha colaboración de Ángel Manuel Macedo, adjunto a la dirección, y de Juan Andrés Brugueras Foye, director comercial y responsable de la línea de negocios relativa al control de vegetación y taludes. El juez considera que los cuatro «forman la dirección de una organización criminal» y que «acudían habitualmente a prácticas de corrupción».

Estos hechos podrían constituir así todo el rosario de delitos de corrupción que recoge el Código Penal: cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencia y falsedades documentales.