Mas: «Durante mucho tiempo nadie se acordó de que el 9-N podía ser un gran delito»

Artur Mas ha vuelto a escudarse en los voluntarios que colaboraron para organizar la consulta ilegal del 9-N y ha ironizado sobre que en las semanas previas a la convocatoria ningún poder del Estado actuó ni les advirtió de que era «un gran delito». «Nadie nos requirió nada y nadie actuó: ni fiscales, ni fiscales de guardia, ni jueces de guardia, ningún tribunal, ni el Tribunal Constitucional», más allá de la providencia del TC del 4 de noviembre que suspendió la consulta, ha declarado el antiguo presidente de la Generalitat, que ha comparecido como testigo.

«Hubo mucho tiempo para que alguien se acordara de que eso podía ser un gran delito», ha ironizado Mas, que ha acotado ese plazo desde el 14 de octubre, cuando compareció para anunciar que celebraría un «proceso de participación ciudadana» y el 9 de noviembre, cuando tuvo lugar, o el 25 de noviembre, cuando se clausuró.

Artur Mas ha declarado este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo para dar su versión a petición de la defensa de Homs sobre unos hechos por los que él ya ha sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación política por los delitos de prevaricación y desobediencia. Mas alegó en la vista oral que el TC no le advirtió entonces de las consecuencias judiciales de no acatar la suspensión, una estrategia que busca evitar la condena por desobediencia por la ausencia de una notificación personal.

En esta comparecencia, el antiguo presidente de la Generalitat ha reconocido que el Gobierno regional recibió la providencia del TC que suspendía la convocatoria y que aún así siguieron adelante. Aunque Mas trata de que esa supuesta inconcreción de la providencia evite la condena, este martes ha admitido que no se quiere agarrar a «una cuestión de forma» y ha justificado la huida hacia delante como una obligación para cumplir el mandato del Parlamento catalán.

El expresidente de la Generalitat, quien ha comparecido el primero en la sesión de la tarde para que pueda salir de viaje, ha reconocido que el llamado «proceso de participación ciudadana» tenía la misma finalidad política que la llamada «consulta popular», las dos convocatorias suspendidas sucesivamente por el TC. El Gobierno regional fingió cumplir la primera suspensión, pero mantuvo su empeñó en la práctica al continuar con los preparativos y la celebración del «proceso participativo», que en la práctica planteaba la misma cuestión a los ciudadanos.

Ante el Supremo, y como testigo, Mas ha explicado que la forma de ambas convocatorias era totalmente diferente y que la única similitud era que ninguna tenía efectos legales vinculantes, más allá de sus consecuencias políticas. «Sin los 40.000 voluntarios no se hubiera podido realizar», ha insistido, aunque ha dejado claro que la logística del evento corrió a cargo de la Generalitat que el presidía.