El juicio a la trama Gürtel sienta en el banquillo por primera vez a Bárcenas

Luis Bárcenas, Francisco Correa y los 35 restantes acusados por las irregularidades de la trama Gürtel son juzgados desde las 10.54 horas en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en el polígono donde también juzgan a los implicados en el uso de las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia, por el que este martes declara el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. La Fiscalía les acusa de corromper numerosas administraciones del Partido Popular con sobornos e irregularidades.

Una coincidencia que ha juntado en el tribunal a más de 100 acusados, antiguos protagonistas de una España de otra época, y ya dejado imágenes curiosas en la entrada del edificio, como la charla relajada que mantuvieron, por separado, Correa y Álvaro Pérez, el «Bigotes», con el empresario madrileño Arturo Fernández, acusado por derrochar con la Visa opaca en sus propios restaurantes.

A todos ellos les esperaban los preferentistas, quienes insultaron a los implicados a su llegada al tribunal, al grito de «maleante» o «sinvergüenza». El «Bigotes», ahora con barba, les miró desafiante mientras se adentraba en el control. En el recinto de espera, Correa, el antiguo capo de la trama corrupta, aguardaba solo, charlando a ratos con el acusado José Luis Izquierdo, el antiguo «contable» de la red.

37 acusados

La Audiencia Nacional juzga por primera vez, en el primer gran juicio a la trama Gürtel, al extesorero del PP Luis Bárcenas, que estuvo en prisión preventiva un año y siete meses para que no entorpeciera la investigación. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 42 años y seis meses de cárcel por, entre otras cosas, ocultar en Suiza una fortuna de 48,2 millones de euros. El propio PP será enjuiciado como posible responsable civil: la Fiscalía pide que devuelva 328.440 euros que se ahorró en actos sufragados por la trama sin conocer el origen ilícito del dinero. Esta vista oral aborda la conocida como primera época de la trama: las supuestas irregularidades cometidas entre los años 1999 y 2005 en unas regiones concretas: las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, los municipios de Estepona, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y la ciudad de Madrid.

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que Francisco Correa — el cabecilla de la trama, apodado «Don Vito»— armó un entramado dedicado a enriquecerse de forma ilícita por dos caminos: la obtención fraudulenta de adjudicaciones públicas (para lo que contaba con la ayuda de políticos y funcionarios sobornados) y metiendo la mano directamente en las arcas públicas. Los políticos implicados —recompensados con viajes y miles de euros— adjudicaban los contratos a las firmas de Correa con un beneficio «notoramiente superior» al habitual e incluían en el coste la comisión que se embolsaba el funcionario. Anticorrupción concluye que los acusados vulneraron así la Constitución y la normativa administrativa: las adjudicaciones no buscaban «satisfacer el interés general, sino un lucro personal ilícito».

Correa se llevó 2,85 millones de euros por intermediar a favor de otras compañías y sus empresas lograron contratos por 8,4 millones de euros entre los años 2000 y 2008. Desde al menos finales de 1999 al 2009, durante toda la vida de la trama —investigada y juzgada en otros procesos—, el cabecilla de Gürtel acumuló más de 40 millones de euros por los que no tributó.

Las empresas de la Gürtel, cuyas últimas propietarias estaban radicadas en paraísos fiscales como la isla caribeña de St. Christopher y Nevis, ofertaban viajes y organización de eventos, actividades ajustadas a los variados contratos públicos que colonizaron.

El Ministerio Público, que solicita para Correa 125 años y un mes de cárcel, explica que el empresario formó esta «red de influencias» gracias a «su estrecha relación» con políticos populares. Las ganancias se ocultaron a Hacienda, en muchos casos en cuentas en Suiza, como hicieron Correa, Bárcenas o el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, para quien piden 50 años.

En toda esta tarea, los lugartenientes de Correa fueron el ex secretario general del PP gallego Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama, y José Luis Izquierdo, el contable de los sobornos. Anticorrupción pide para Crespo 85 años y 6 meses de cárcel; para Izquierdo, 45 años y 2 meses.

Además de Bárcenas, está acusado el también extesorero del PP Ángel Sanchís, quien se enfrenta a 8 años de cárcel. Álvaro Lapuerta, de 89 años y también extesorero de la formación, ha evitado la vista por una «demencia sobrevenida». Al juicio, que comienza mañana con las cuestiones de forma y que se alargará durante meses, también acudirá la exministra de Sanidad Ana Mato, por beneficiarse de los regalos con los que la trama agasajó a su exmarido. Pasada la Navidad, será el turno de los testigos, entre ellos los exministros del PP Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes.

Los tres jueces del polémico tribunal —dos de los magistrados originarios fueron apartados por afinidad con el PP y uno de los vigentes ha sido recusado por amistad con Baltasar Garzón— resolverán uno de los grandes casos de corrupción de la España reciente.