El juez ex alto cargo resolverá el caso de los cursos en Andalucía

Casualidad o no, en los casos de corrupción que asedian a la Junta de Andalucía se viene produciendo en los últimos meses una red invisible de coincidencias y conexiones que hacen desconfiar sobre los caprichos del azar hasta al más descreído.

El vicesecretario de Organización del PP andaluz, Toni Martín, aseguró ayer que no cree en las casualidades. El dirigente verbalizó así sus dudas después de que la Audiencia de Sevilla haya designado al magistrado Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía, como ponente para decidir sobre el recurso interpuesto por su partido contra el archivo de la pieza política de Formación. El PP denunció que el Gobierno socialista tejió una red «clientelismo político» en torno a las subvenciones para cursos.

El PP y Manos Limpias han recusado al también presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para apartarlo del juicio más decisivo de otra macrocausa, la de los ERE. Por los mismos motivos expresados en el citado incidente, que está ahora instruyéndose, los populares han presentado una segunda recusaciónpara que se abstenga de intervenir en la rama política del fraude de los cursos.

Secretario general en 2008

En un escrito de 21 páginas, los letrados de esta acusación popular alegan «la pérdida de apariencia de imparcialidad» del encargado de impartir justicia y «la relación de subordinación y dependencia del magistrado con una de las partes del proceso, la Junta de Andalucía». En concreto, argumentan que el expresidente de la Junta Manuel Chaves nombró al juez como secretario general para la Justicia en 2008, mientras que su sucesor, José Antonio Griñán, lo mantuvo en el cargo. Pedro Izquierdo no abandonó la Junta hasta julio de 2014, cuando presentó su renuncia, con Susana Díaz de presidenta.

El PP ha quemado todas las naves que le permitía la vía judicial para evitar el sobreseimiento de la pieza que afectaba a 24 ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo, acusados de malversación de fondos públicos y prevaricación por el descontrol de las ayudas para los cursos. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dio carpetazo a esta pieza del caso Formación con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que incluso acusó al PP de «enmarañar» la causa.

Las críticas no han frenado al PP. Todo lo contrario. Interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia, que deberá resolver un tribunal que tiene como ponente a Izquierdo. El magistrado ha decidido con anterioridad sobre otros recursos presentados tanto en las diligencias del caso Formación como en la investigación de los avales irregulares concedidos a empresas por la agencia autonómica IDEA.

En una diligencia de ordenación del 28 de abril pasado, el letrado de la Administración de Justicia hace constar que la elección de Izquierdo para resolver este recurso crucial en el caso Formación se ha realizado atendiendo al turno de reparto de los asuntos establecido por la Audiencia.

En los últimos meses las casualidades se han sucedido en torno a Pedro Izquierdo. La bolita de la suerte (en un sorteo celebrado ante las cámaras) hizo que el macrojuicio más mediático del caso ERE, que sentará en el banquillo a dos expresidentes andaluces, recayera en la sección que él dirige.

Otro sorteo interno celebrado el 24 de febrero en esta sala (éste sin periodistas como testigos) determinó que el ponente del tribunal que juzgará a Manuel Chaves y José Antonio Griñán fuera el magistrado Pedro Izquierdo, quien antes de retomar su carrera judicial había sido alto cargo.

El azar, por tercera vez, ha colocado a Izquierdo bajo los focos de una nueva tormenta judicial. Quien fuera secretario general para la Justicia entre 2008 y 2014, será el ponente del tribunal que debe rechazar o aceptar los argumentos expuestos por el PP andaluz, acusación popular en el proceso, contra el archivo de la pieza que más inquieta al Gobierno andaluz por su repercusión política.