Iglesias pide al Gobierno que suprima el castigo por enaltecimiento del terrorismo del Código Penal

Camuflada en una proposición no de ley sobre la defensa del derecho fundamental de libertad de expresión, Podemos ha solicitado hoy la supresión del artículo 578 del Código Penal que recoge el castigo por enaltecimiento del terrorismo.

Un texto que señala que el menosprecio y la humillación a las víctimas se penará con entre uno y tres años de prisión y multa de 12 a 18 meses. Si la humillación se produce a través de internet o medios de comunicación y resulta «idónea para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad» se aplicará la pena en su mitad superior, especifica el artículo.

Además, establece que «se destruirá o borrará los artículos y archivos que hubieran servido de soporte para la humillación» y que la incitación a estos delitos también estará penada «con la pena inferior, pero con uno o dos grados menos».

Se trata de un artículo crucial para la salvaguarda de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, Podemos exige su retirada en un mes argumentando que la redacción es «tan falta de concreción» que está provocando que la Audiencia Nacional «juzgue a personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por proferir manifestaciones que se engloban en el denominado "humor negro" y que si bien pueden ser de mal gusto o incluso ofensivas no pueden tildarse de actos terrorista».

Pertenecería a esta categoría, a ojos de la formación que lidera Pablo Iglesias, el polémico espéctaculo infantil realizado por dos titireteros en Madrid que incluía un cartel de «gora ETA» y en el que un juez acaba siendo ahorcado. O el caso de Cassandra, la joven juzgada por reproducir chistes sobre el fallecimiento de Carrero Blanco.

Dos juicios que Podemos pone como ejemplo de que en España «la propia opinión puede ser castigada penalmente» e investigada «bajo el pretexto del agravio realizado».

La formación morada critica a lo largo de iniciativa que el enaltecimiento terrorista existe en el Código Penal desde hace 16 años y que el Gobierno de Mariano Rajoy lo endureció de manera «inusitada» en 2015 tras los atentados de París, posibilitando una «sanción general».

Para justificarlo, asegura que Amnistía Internacional ha considerado este artículo 578 una «limitación desproporcionada inncesaria e ilegal del derecho a la libertad de expresión e información». Y abuna en este argumento calificando la disposición como «demasiado amplia y general» y criticando que no distinga un «elemento claro de intencionalidad».

También se hace eco de que, según Jueces para la Democracia, «una tercera parte de los delitos sobre terrorismo que investiga la Audiencia Nacional tienen que ver con la libertad de expresión, tuits, retuits, o "me gustan" en redes sociales».

E incluso de la ONU poniendo sobre la mesa que en 2008 alertaba de que una normativa «ambigua» alberga el peligro de que la noción de terrorismo se amplíe a «actos que no lo constituyen» y se «conculquen muchos derechos».

Podemos sostiene que el legislador debe castigar la incitación a la comisión de actos de terrorismo «pero únicamente cuando constituye una inicitación clara y directa a cometer actos violentos». Solo así, cree la formación morada, se podrá garantizar la defensa de la libertad de expresión y la no instauración de «delitos de opinión y de clima de miedo entre la población a verter cualquier tipo de crítica».

Además, de la supresión del artículo 578 Podemos insta al Gobierno a revisar «inmediatamente los delitos de injurias y calumnias». También «sus tipos cualificados así como otras disposiciones jurídicas que puedan limitar o coartar el derecho a la libertad de expresión y presentar una reforma de los mismos». El texto será debatido en la Comisión de Justicia.