Oriol Junqueras junto a Carles Puigdemont en el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum
Oriol Junqueras junto a Carles Puigdemont en el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum - EFE

El Gobierno: «Si se firma el decreto de convocatoria, se actuará»

El referéndum, por el momento, no ha sido convocado de forma oficial sino que tan solo ha sido desvelada su fecha y la pregunta de la consulta

Madrid Actualizado: Guardar
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¿Por qué no ha actuado el Gobierno en este caso?

«Los pensamientos son libres y no delinquen», explicó ayer el portavoz del Gobierno para justificar que no se actuara frente al anuncio verbal de Puigdemont. El Gobierno actuará cuando se pase «del anuncio a los hechos». Según La Moncloa, la escenificación de ayer no tiene efecto jurídico alguno, y forma parte de la «libertad de expresión».

¿En qué momento actuaría el Ejecutivo?

Si se llega a firmar el decreto de convocatoria, sería ilegal, según subrayó Méndez de Vigo. Ese paso sería impugnado de forma inmediata por el Gobierno.

¿Se repetirá el escenario del 9-N en Cataluña?

«Rotundamento, no». Así contestan fuentes del Gobierno. Ni referéndum ilegal ni el simulacro con urnas que se produjo el 9 de noviembre de 2014.

¿Sobre qué base convocará la consulta la Generalitat?

Bajo secreto, Junts pel Sí y la CUP está elaborando una ley de Transitoriedad Jurídica para dar «amparo» a la convocatoria.

Se especula con que la mayoría independentista desgajará de esa ley la regulación del referéndum para burlar su impugnación.

¿Puede alegar ignorancia el gobierno catalán?

A diferencia del 9-N, cuando los condenados por su organización -Mas, Rigau, Ortega y Homs- alegaron, sin éxito, que la advertencia del TC no fue lo suficientemente explícita, ahora #el TC, además de suspender las partidas del Presupuesto para la consulta, advirtió de forma expresa a Puigdemont y su gobierno de las consecuecias de llevar adelante la organización del referéndum.

¿Con qué apoyos cuenta la Generalitat?

Por el momento, solo el que le brindan los grupos de JpS y la CUP. Los «comunes» de Colau, favorables a una consulta «acordada», siguen dudando.

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