TRIBUNAL SUPREMO

Los dos «Jordis» renuncian ante el juez a la vía unilateral para lograr la independencia

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, agitadores del independentismo en la calle, declaran en el Tribunal Supremo

MadridActualizado:

El líder de la ANC y número dos de la candidatura liderada por Puigdemont en las elecciones del 21-D, Jordi Sànchez, ha renunciado este jueves ante el juez Pablo Llarena a la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña, una declaración que llevó al magistrado a excarcelar el pasado 4 de diciembre a seis exconsejeros del gobierno de Puigdemont.

Es la primera vez que el agitador del independentismo en las calles renuncia de forma explícita a la vía unilateral, igual que Jordi Cuixart, líder de Ómnium Cultural, que ante el juez ha declarado que por la vías utilizadas hasta ahora no se va a lograr la independencia, y que el único referéndum válido será el que convoque el Gobierno de España.

La declaración de Sànchez en la causa que instruye el magistrado Llarena ha durado más de una hora, mientras que Cuixart lo ha hecho durante hora y media. El Tribunal Supremo les investiga por rebelión, sedición y, en el caso del exconsejero Joaquim Forn, también por malversación.

Al igual que Sànchez, exlíder de la ANC y diputado electo por JuntspCat, Cuixart ha renunciado a la vía unilateral para a consecución de la independencia, pero ha indicado no obstante que no quiere participar en política y ha recordado sus «profundas convicciones pacifistas».

Los dos «Jordis» y el exconsejero Forn, junto con el exvicepresidente Oriol Junqueras, son los únicos de la veintena de investigados que están en prisión preventiva, después de que el pasado 4 de diciembre el instructor dejara en libertad bajo fianza de 100.000 euros a los otros seis exconsejeros que, como ellos, llevaban un mes en la cárcel.

Rebelión y sedición

Tanto Forn como los «Jordis» pidieron declarar voluntariamente ante Llarena para volver a reafirmar su compromiso con el marco constitucional y ahora también el abandono de la vía unilateral en sus pretensiones rupturistas. Forn y Sànchez son diputados en esta legislatura y de hecho ya han recogido (por terceros) sus respectivas actas. A diferencia de los otros exconsejeros ya libres, Llarena apreció en estos investigados riesgo de reiteración delictiva, pues sus «aportaciones» están directamente vinculadas «a una explosión violenta en las calles».

Los tres ya habían comparecido anteriormente ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que llevaba el caso antes de que pasara al Tribunal Supremo y que fue la que les envió a prisión, si bien en sendas comparecencias ni Forn ni Cuixart quisieron declarar, mientas que Sánchez se limitó a contestar a unas breves preguntas de su abogado defensor, informa Ep.

Según han manifestado sus defensas, tanto Forn como los «Jordis» sí querían explicarse esta vez sobre su participación en los hechos que están siendo investigados como posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Los abogados aprovechan su presencia este jueves en el alto tribunal para pedir de nuevo la excarcelación de sus clientes, si bien fuentes de la defensa han señalado que aún no han determinado si dicha petición se realizará mediante la presentación de escrito o de viva voz al término de las declaraciones. En todo caso, el juez no resolverá sobre esta cuestión hoy mismo. La Sala de lo Penal no lo hizo tampoco el mismo día en el que se celebró la vista contra la prisión de Junqueras, el pasado 4 de enero.

Acoso en la Consejería de Economía

En el auto del pasado 4 de diciembre por el se acordó mantener a estos investigados en prisión, el juez Llarena hacía mención a los actos cometidos el pasado 20 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, donde el acoso de la multitud convocada por ANC y Ómnium impidió que miembros de la comisión judicial que estaba practicando registros pudiera abandonar el edificio con normalidad.

Señalaba expresamente que sus aportaciones estaban «directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella». «El riesgo de reiteración de sus conductas -añadía el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física», señalaba el auto.