Política
Financiación autonómica: el caro «sudoku» que pone en aprietos a PP y PSOE
El problema del «cheque autonómico» no es poner de acuerdo a los grandes partidos sino contentar a sus propias filas
La aprobación del Cupo vasco ha reactivado la exigencia de revisar el sistema de financiación autonómica que rige para el resto de comunidades, las del régimen común, que son todas excepto el País Vasco y Navarra. El Gobierno de Rajoy ha ido aplazando la cuestión en los últimos años. El asunto es espinoso desde hace décadas. Es una reivindicación constante de los gobiernos regionales y motivo de fricción entre compañeros de filas . Todo esto en un entramado institucional, el de los gobiernos autonómicos, que maneja más de 170.000 millones de euros anuales.
El problema en este particular no es poner de acuerdo a los grandes partidos sino calmar internamente a sus propias filas. Y es que el asunto de la financiación autonómica provoca enfrentamientos dentro de cada partido . La aprobación del ventajoso Cupo vasco que acaba de consumarse lo evidencia: las direcciones nacionales de PP y PSOE han coincidido, pero entre los «barones» regionales de los dos partidos no faltan las voces críticas, que se acentúan más aún si hablan en privado sobre el asunto.
Pedro Sánchez busca una posición común entre sus líderes regionales, pero varios ya han dejado claro que la intención puede resultar misión imposible. Y en el PP también hay discrepancias entre unas comunidades y otras. En 2014, cuando Rajoy amagó con abrir el debate de la financiación autonómica, varias comunidades gobernadas por el PP se unieron frente a otros «barones» de su mismo partido. Quedaron claros dos bloques enfrentados en este asunto: los populares de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia, por un lado; y otro bloque dominado por valencianos y murcianos. No había consenso dentro de las «baronías» del PP sobre cómo reformular el reparto de la financiación autonómica: los líderes populares de las regiones despobladas y envejecidas exigían que esos factores pesaran más a la hora de recibir fondos del Estado, en detrimento de las regiones más pobladas y prósperas, caso del Levante.
En el PSOE tampoco hay unanimidad al respecto. Estos días, el líder socialista aragonés y presidente autonómico Javier Lambán lo reconocía públicamente al afirmar que, sobre la financiación autonómica, sus planteamientos estarán «más próximos a los del Gobierno de Castilla y León que a los del Gobierno andaluz, gobierne quien gobierne en esas comunidades». Lambán ha sido también uno de los «barones» socialistas que ha cuestionado el Cupo vasco que acaba de aprobar Rajoy con el apoyo de Pedro Sánchez, en beneficio de la estabilidad parlamentaria del PP en el Congreso y de las alianzas del PNV y los socialistas en el Ejecutivo de Euskadi.
Del enredo que el debate de la financiación autonómica genera dentro de los dos grandes partidos también da muestra lo que ocurrió en el año 2009, cuando se aprobó el último modelo. Lo negoció el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero y contentó especialmente a Cataluña, gobernada en aquel momento por el tripartito del socialista José Montilla con Esquerra e ICV.
Pacto de 2009, con Zapatero y en clave catalana
Desde el PP denunciaron que aquel modelo se hizo a la medida de Cataluña, mientras desde la Generalitat compartida en sociedad por el PSC y la Esquerra se aplaudía con entusiasmo el nuevo sistema que se había pactado. Al final, el modelo salió adelante en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto favorable de los gobiernos autonómicos socialistas –algunos de ellos a regañadientes y molestos-. El tiempo ha demostrado que aquello sirvió de poco sirvió para calmar las aguas nacionalistas catalanas, que se lanzaron por la senda del independentismo. Y, ahora, varios «barones» socialistas, caso del aragonés Lambán, urgen al Gobierno central a revisar aquel modelo de financiación que alumbró el PSOE de Zapatero y que consideran injusto e ineficaz.
Territorios en una negociación desigual
La financiación autonómica es el dinero que la Administración del Estado transfiere anualmente a los gobiernos regionales. Y todas las comunidades autónomas, sin excepción y gobierne quien gobierne consideran que deben recibir más dinero del que les llega desde el Estado. Pero el dinero es limitado, se corre el riesgo de sumar déficit añadido si se da por encima de las posibilidades, y es frecuente que lo que un territorio consigue de más otro se lo lleve de menos. Además, a la hora de negociar, siempre acaban teniendo más fuerza las autonomías con más peso político –que acostumbra a medirse en términos de población y, por tanto, de votantes potenciales- .
Por eso, además del singular caso vasco, Cataluña y Andalucía han sido dos de los territorios que históricamente han tenido más fuerza cuando ha tocado negociar el sistema de financiación autonómica. En el lado opuesto se encuentran regiones del interior, caso de Aragón, junto a otras del litoral norte que comparten objetivo.
Baste un dato: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Galicia, que se unieron hace tres años para hacer frente común ante la financiación autonómica, suman el 60% del territorio español, pero menos del 25% de la población. Aquel «grupo de presión» trabajado hace tres años se mantiene en la actualidad, pese a los cambios de color político de algunos de los gobiernos regionales que integran ese bloque, formado por «barones» tanto del PP como del PSOE.
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