Fotografía cedida por el periódico «Última hora»
Fotografía cedida por el periódico «Última hora»

Denuncian la colocación de un pancarta «adoctrinadora» cerca de un colegio mallorquín

Un exconcejal de MÉS colgó en la calle un cartel con el lema «Libertad presas políticas», que retirará hoy después de habérselo pedido la Policía Local

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El municipio mallorquín de Manacor ha sido testigo estos días de una polémica vinculada al reciente encarcelamiento preventivo de ocho exconsellers de la Generalitat, por un presunto delito de rebelión, por parte de la Audiencia Nacional. Según publica este jueves el diario «Última Hora», un vecino de Manacor, que en el pasado mandato fue concejal de la coalición ecosoberanista MÉS, colgó el pasado domingo en la calle Olesa una pancarta con el lema «Llibertat preses polítiques» («Libertad presas políticas»). El cartel fue colocado entre la casa del citado exedil, Sebastià Gaià, y la finca situada justo enfrente.

En la misma calle, a unos 50 metros de donde había sido colgada la pancarta, se encuentra el Colegio San Vicente de Paul, de Eduación Infantil y Primaria. Esa circunstancia motivó que ayer miércoles varios padres de alumnos se pusieran en contacto con la Policía Local de Manacor para denunciar un caso de posible adoctrinamiento. Los agentes se acercaron hasta el domicilio del exregidor ecosoberanista y le pidieron que retirase el cartel de la vía pública. El hombre tenía la intención de hacerlo así en un principio, pero al final no lo hizo y solicitó a los policías que le presentasen un escrito oficial en el que constase la petición de retirada de la pancarta.

A raíz de todos estos hechos, la Policía Local realizó un informe sobre los mismos. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Manacor han explicado este jueves a ABC que en principio estaba previsto que a lo largo de la jornada de hoy técnicos municipales se desplazasen hasta el lugar para comprobar que la pancarta había sido efectivamente retirada. En caso de que fuera así, el expediente se daría por cerrado por parte de la corporación local.

Una vez conocida la polémica suscitada en los medios, Gaià ha explicado esta tarde a ABC que finalmente retirará la pancarta hoy mismo. «La colgué porque creo que no se respetan las libertades en este país, pero en ningún caso había la más mínima intención de adoctrinar a nadie y mucho menos a los alumnos del colegio», ha recalcado. Al mismo tiempo, ha indicado que la Policía Local le dijo ayer que, en cualquier caso, antes de colocar el cartel debería de haber pedido previamente permiso al Ayuntamiento, algo que no había hecho porque no sabía que fuera necesario.

En la actualidad, gobierna en el consistorio de Manacor un equipo conformado por el PP, Proposta per les Illes (PI) y AIPC-SyS, tras la moción de censura que en noviembre de 2015 desbancó al anterior equipo de izquierdas, que presidía en minoría Miquel Oliver, de MÉS-Esquerra. El sustituto de Oliver fue el popular Pedro Rosselló, que el pasado mes de octubre cedió la vara de mando a Catalina Riera, de PI.

Por su parte, algunos padres de alumnos del Colegio San Vicente de Paul se estarían planteando presentar un denuncia ante la Fiscalía de Menores de Baleares y otra ante la Consejería de Educación del Gobierno regional, al entender que en este caso se podría haber dado una situación de presunto adoctrinamiento.

En ese contexto, cabe recordar que el pasado mes de octubre se inició desde la Sección de Menores de la Fiscalía de Baleares una investigación a raíz de las informaciones divulgadas a través de diferentes medios de comunicación sobre la posible realización en algunos centros educativos del Archipiélago de «actos relacionados con el hecho de implicar o hacer participar a menores en actos reivindicativos ajenos al ámbito educativo o relacionados con su participación en manifestaciones o concentraciones en horas lectivas». Dichos actos estaban vinculados con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

La investigación del Ministerio Público se inició con el fin de «concretar y evaluar» si «tales actuaciones han podido incidir en los derechos de todo tipo en el ámbito de la protección de los menores». La Fiscalía quiere dilucidar, en definitiva, «la existencia de posibles situaciones de riesgo» para los alumnos y «las responsabilidades de todo tipo que se hubieran podido derivar» en estos casos.