El TC cuestiona la cumbre sobre la consulta catalana y que los presupuestos de la Generalitat la costeen

El Tribunal Constitucional propinó ayer miércoles un nuevo golpe al desafío secesionista catalán con la suspensión cautelar del reférendum que se prevé convocar para septiembre de 2017. El Pleno del órgano de garantías decidió admitir a trámite el recurso de la Abogacía del Estado contra varios apartados de la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre, entre ellos el que da vía libre a la consulta, con o sin aval del Estado. La mera admisión a trámite del incidente de ejecución implica la suspensión automática de la norma recurrida hasta que los magistrados entren en el fondo del asunto, lo que harán en las próximas semanas.

En la misma providencia en la que se acuerda esta suspensión cautelar, el Tribunal acuerda notificar personalmente su decisión a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; a los demás miembros de la Mesa, al secretario general de la Cámara, así como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los demás integrantes de su Gobierno.

Además, les advierte de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». Precisamente la desobediencia a ese apercibimiento motivó la querella por la que hoy está imputada Forcadell en el TSJ de Cataluña.

Ahora, el Parlamento de Cataluña tiene veinte días para emitir los informes que justifiquen las actuaciones que para la Abogacía del Estado han contravenido la sentencia y los autos que viene dictando el Tribunal desde diciembre del pasado año.

La resolución que suspende ahora de forma cautelar el TC fue acordada y aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP durante el último debate de política general en el Parlamento catalán, el pasado octubre. Fue la recompensa del Gobierno catalán a los antisistema por ayudarle a superar la cuestión de confianza a la que se sometió Puigdemont un mes antes... tras el no de la CUP a tramitar los Presupuestos de la Generalitat 2016. Y, a la vez, un anticipo para que la CUP apruebe tramitar los presupuestos para 2017.

Presupuestos en el aire

La suspensión del referéndum es la consecuencia más importante del acuerdo del TC, pero no la única. Ni la más inmediata. La decisión del Tribunal pone en cuestión la cumbre sobre el referéndum que la Generalitat ha anunciado para el próximo 23 de diciembre. A ella asistirán partidos, patronales, sindicatos y otros agentes sociales y la presidirá Puigdemont junto a Forcadell.

Asimismo, el TC deniega la voluntad del Gobierno catalán de incluir una partida para financiar el referéndum en los Presupuestos de 2017, cuya admisión a trámite se votará también la semana que viene, el 22 de diciembre. Cabe reseñar que la Generalitat ya intentó sortear las consecuencias legales con una artería: consignó en los Presupuestos una partida ambigua de 5,8 millones para «procesos electorales y participativos»; y luego añadió el compromiso de celebrar el referéndum en una disposición adicional.

En la providencia del TC, se estima acordar la suspensión cautelar de varios apartados de la resolución del 6 de octubre, entre ellos el 7, que señala que «el Parlament insta al Gobierno (catalán) a convocar inmediatamente una cumbre de todas las fuerzas políticas y sociales favorables al derecho a la autodeterminación, para trabajar políticamente en la definición y firmeza de la convocatoria del referéndum». Asimismo, el Pleno suspende todos los apartados del título I.2. Entre ellos, el 13 c, que insta a «incorporar en los Presupuestos de 2017 los recursos financieros necesarios para cumplir el proceso constituyente (...)».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, valoró la decisión del Constitucional «pidiendo que se cumpla la ley, que es lo propio de una democracia avanzada como la nuestra». En este sentido, Rajoy ofreció «diálogo» y «entendimiento», pero advirtiendo que «nadie puede esperar del PP ni de su presidente» que se salte la ley o que haga «algo en contra de la unidad de España, de la soberanía nacional y de la igualdad de los españoles».

«No nos distraeremos con sentencias del TC», aseguró ayer el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, quien señaló que no ve «motivos» para no celebrar la cumbre. «El TC no puede impedir una reunión», añadió. El consejero de Justicia, Carles Mundó, incidió en que «por ahora» la consulta se celebrará «sí o sí», a la vez que consideraba «impropio» que el Constitucional haya suspendido una decisión del Parlament «que no es una ley, sino intenciones políticas».

Para sortear la suspensión, la Generalitat podría idear algún ardid a la hora de convocar la cumbre, algo que formalmente no ha hecho aún. Podría evitar, por ejemplo, que la convocatoria aluda a la resolución suspendida. «Seguiremos adelante, no detendrán las ansias de libertad», dijo ERC a través de su cuenta de Twitter.

Desde la CUP, la diputada Anna Gabriel sentenció que «la operación diálogo acaba aquí», en alusión a las palabras del Gobierno, liderados por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de encauzar el conflicto catalán. Además, un día después de que su formación pidiera la dimisión del consejero de Interior, Jordi Jané, por las detenciones de los militantes de la CUP, Gabriel siguió apuntando a los mismos. La parlamentaria reclamó del gobierno de Puigdemont un «compromiso explícito» de que los Mossos no irán de la mano del TC, el Código Penal o las instituciones españolas para impedir el referéndum.

Entre unos y otros, Catalunya Sí que es Pot. Acudirá a la cumbre de 23-D, pero destacó que la decisión del TC reafirma su apuesta por un referéndum pactado con el Estado. Como el único posible. Como ayer reconocía el exvicepresidente del TC y asesor de la Generalitat para la independencia, Carles Viver Pi-Sunyer: «Con toda probabilidad la convocatoria de un referéndum exigiría una previa reforma de la Constitución».