La corrupción imparable

El Gobierno se ha convencido, al fin, de que la corrupción del PP no va a abandonar las primeras planas de los medios de comunicación en mucho tiempo y, tras meses de adoptar la postura del avestruz, ha decidido plantar cara allí donde puede actuar (el Parlamento) a lo que considera la puesta en marcha de una causa general contra ese partido y en particular contra su presidente.

En los tribunales tiene perdida la batalla mediática, a falta de la judicial que llegará con las sentencias de las 31 causas abiertas con 850 imputados que le afectan. La primera, la del juicio de Gürtel (parte primera, por ahora) en el que tendrá que declarar como testigo Mariano Rajoy el 26 de julio, una pena de telediario impuesta, quizás arbitrariamente, por los jueces.

Pero todo no se queda ahí: están pendientes los juicios de Bárcenas, las presuntas irregularidades en Bankia, los casos Taula (del PP de Valencia), Auditorio (del PP de Murcia) y, más a largo plazo, los de la corrupción madrileña, el de la Púnica con Francisco Granados de protagonista y el de Lezo con Ignacio González de estrella. Por citar solo los de mayor impacto en el plazo de meses, incluso años.

El lema de «quien la hace, la paga», tantas veces repetida por Rajoy cuando se le citaba a un corrupto del PP, ha quedado tan obsoleto como la intención del presidente de distanciarse de los sospechosos de corrupcion. Ahora el dedo acusador de los políticos se dirige a él y, tras caer en la cuenta, la reacción de Moncloa y Génova ha sido contundente.

Partido y Gobierno han sacado la artillería pesada contra la oposición. Ayer se constituyó en el Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta, la comisión que investigará la financiación de todos los partidos políticos. Actuará como un calco de las normas con las que funcione la comisión del congreso, creada con la mayoría de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que solo va a estudiar la financiación de los populares.

Es por eso por lo que el PP ha pedido a los letrados del Congreso que aclaren cuales deben ser los límites de la comisión de investigación en esa Cámara, si deben circunscribirse en el tiempo y a quienes se pueden citar como testigos. O sea, si PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren guerra en el Congreso, los populares se la darán en el Senado. Ojo por ojo y diente por diente.