El CGPJ se pronuncia sobre la ideoneidad de Maza para ser fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este jueves por la tarde en sesión extraordinaria para pronunciarse sobre la idoneidad del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza para el cargo de fiscal general del Estado. El órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Además del visto bueno del órgano de gobieno de los jueces, Maza deberá comparecer posteriormente (previsiblemente la próxima semana) en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuyos miembros podrán valorar así sus méritos. Cuando sea designado oficialmente lo será por los próximos cuatro años.

De sensibilidad conservadora aunque posicionamientos muy independientes en algunos de los asuntos que le han tocado, Maza se opuso en su día a la denominada «doctrina Botín», propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela e Irak y expresó sus dudas sobre la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Además, fue autor del voto particular discrepante contra la decisión de archivar la causa abierta contra el exjuez Garzón por las fosas del franquismo.

Nacido en Madrid en 1951, Maza ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, donde fue el primero de su promoción, si bien comenzó ejerciendo como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles.

Ya como juez, tras ser elegido por sus compañeros como decano de los juzgados de distrito de Madrid y una destacada trayectoria en la Audiencia Provincial Maza recaló en 2002 en el Tribunal Supremo para cubrir la plaza del también conservador Adolfo Prego, que había sido elegido vocal del CGPJ.

El próximo fiscal general se impuso en la votación realizada a tal efecto en el Consejo frente a la otra candidata, que era la actual diputada del PSOE Margarita Robles.

Una vez nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, según detalla el Estatuto Orgánico que rige la Fiscalía.