Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos
Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos - JAIME GARCÍA

Plantón de Cañamero al Tribunal Supremo por un delito contra los derechos de los trabajadores y daños

El diputado está acusado de haber coaccionado a un grupo de trabajadores para que hicieran una huelga en 2008, así como de haber destrozado la finca en la que se encontraban

Madrid Actualizado: Guardar
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Finalmente, el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero no ha acudido a declarar ante el Tribunal Supremo, pese a que estaba citado a la 1 de esta tarde. El Alto Tribunal lo había emplazado a fin de conocer su versión de los hechos sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores y daños por los que está encausado. En concreto, el Ministerio Público lo acusa de coacciones sobre el derecho de huelga y daños.

La Sala II de lo Penal ha esperado en torno a media hora por su comparecencia, de caracter voluntario. Como no se ha personado, el Ministerio Fiscal ha anunciado que pedirá el suplicatorio al Congreso de los Diputados para que sea llamado a declarar de forma obligatoria.

El plantón era previsible, pues el exportavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAP) ya se había declarado el pasado mes de febrero «insumiso judicial», y había asegurado que no iba a asistir «a ningún juicio ni a ninguna declaración».

Los hechos enjuiciados ocurrieron el 27 de noviembre de 2008, en la finca sevillana de La Jarilla. Según la Fiscalía, Cañamero se desplazó hasta el lugar a fin de presionar a los trabajadores para que «iniciaran o continuaran» una huelga. «Sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta», son algunos de los insultos que presuntamente les dirigió el diputado.

Además, el Ministerio Fiscal señala en su escrito de acusación que causó daños en la finca por importe de 1.797, 97 euros. Presuntamente, habría partido varios candados y cerraduras, además de desinflar las ruedas de un tractor para impedir que los trabajadores pudieran continuar prestando sus servicios.

Tras salir diputado en las pasadas elecciones generales del 26 de junio de 2016, y debido a su condición de aforado, el procedimiento se trasladó del juzgado número 4 de Sevilla, donde se había iniciado, a la Sala II del Tribunal Supremo, donde continúa sustanciándose.

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