Las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente aprobadas hoy por el Parlament son una
reformulación de la conocida como «hoja de ruta» soberanista, e introducen, para contentar a la CUP, una mención explícita a la «unilateralidad». El texto pactado entre Junts pel Sí y la CUP detalla cómo se realizará el proceso de ruptura, que prevé que «tras la fase de participación ciudadana» –recogida de ideas sobre cómo debe ser la futura Constitución de la república catalana– «se completará la desconexión con la legalidad española» a través de la aprobación de las llamadas «leyes de ruptura», entre las que está, de manera singular, la ley de transitoriedad jurídica.
Tras esas leyes, cuya aprobación se prevé en el último pleno de la legislatura antes de la disolución de la cámara para convocar nuevas elecciones, Junts pel Sí y la CUP sitúan un «mecanismo unilateral» que, señalan, servirá para
«activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente», llamada a redactar la futura constitución de la república catalana. No queda claro si el «mecanismo unilateral» se trata del referéndum que exigen la ERC, la CUP y la ANC, o del decreto de convocatoria de unos nuevos comicios autonómicos, aunque el soberanismo da por entendido que se trata del referéndum sin la autorización estatal.
Los dos grupos sostienen en sus conclusiones que «las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal». Del mismo modo que en la declaración del 9-N, tumbada por el Tribunal Constitucional, se señalaba que en adelante el Gobierno catalán no debía atender otro mandato que no fuese el del Parlament, las conclusiones que ahora se han aprobado señalan que las decisiones que adopte la futura asamblea constituyente «serán de obligado cumplimiento para el resto de poderes públicos, personas físicas y jurídicas».
«Sin margen de acción»
Esa misma asamblea es la que debe redactar la constitución que luego, en lo que el secesionismo entiende que es el último estadio de la ruptura de Cataluña con España, será sometida a referéndum.
El texto acordado, y en contradicción con un discurso de Junts pel Sí que sostiene aún que quiere negociar hasta el final con el Estado, parte de la premisa de que «actualmente, no hay ningún margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán».
De igual forma, y en lo que es casi una sonrojante demostración de que el texto, como
el del 9-N, es de inspiración CUP, el mismo incluye que todo el proceso debe incorporar la «perspectiva de género de una manera transversal y con estrategia dual», de modo que el «proceso constituyente lo sea también para todas y para todos».
En cualquier caso, el paso adelante dado por Junts pel Sí en el camino de la unilateralidad es la constatación de que la antigua CDC –ahora, de manera provisional, Partit Demòcrata Català– está decidida a fiarlo todo al apoyo de los antisistema, de quien depende su suerte en la cuestión de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre.
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