El TC anula las ponencias del Parlamento catalán que sirvieron de base para las «leyes de desconexión»

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulas las tres ponencias que sirvieron de base a Junts pel Sí y la CUP para redactar las leyes de «desconexión democrática» en el Parlamento de Cataluña.

El TC toma esta decisión al resolver (y estimar) sendos recursos de amparo que presentaron diputados del Grupo Socialista y de Ciudadanos el pasado mes de marzo, cuando se crearon dichas ponencias, consideradas por los recurrentes un «fraude de ley» por cuanto instrumentalizaban la Cámara autonómica con fines independentistas y suponían una vulneración de la sentencia del TC que en diciembre de 2015 anuló el proceso de desconexión.

En concreto, el fallo declara la nulidad del acuerdo de la Mesa del Parlament sobre la creación de esas ponencias: dos de ellas, la que promueve la ley para una hacienda catalana y la que promueve una ley para una seguridad social catalana, ya han finalizado sus trabajos, por lo que solo queda una ponencia en marcha, la que quiere hacer una ley de «transitoriedad jurídica», informa Ep.

Los recurrentes habían alegado que los acuerdos impugnados conculcaron la legalidad parlamentaria, «vulnerando facultades de los diputados que pertenecen al núcleo de su función representativa parlamentaria (artículo 23.2 CE). Argumentaban que no es posible constituir una ponencia, con representación de todos los grupos parlamentarios para elaborar el texto de una proposición de ley sobre materias que quedan fuera del ámbito material del Estatuto de Cataluña, como es el caso.

Una nueva vulneración

Los diputados sostenían que la vulneración denunciada es «la consecuencia del inconstitucional proceder de la Mesa del Parlamento de Cataluña dirigida a incumplir» la sentencia que el TC dictó en diciembre de 2015, de forma que habría «una conexión entre las proposiciones de Ley que se pretenden elaborar» y la creación de un proceso constituyente. A juicio de los diputados «constitucionalistas», los portavoces de los grupos independentistas «no han dejado de reiterar que se trata de leyes de desconexión».

De hecho, la resolución del Parlamento de Cataluña que fue declarada inconstitucional (hace un año) incluía un apartado en el que se recogía que «el Parlamento de Cataluña considera pertinente iniciar en el plazo de treinta días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública», razones que llevaron a los recurrentes a afirmar que mediante este procedimiento se está obligando a todos los grupos parlamentarios a participar en la elaboración de un texto normativo inconstitucional.