Podemos imita a Tsipras y reta a Bruselas para aumentar el gasto

El espacio socialdemócrata que persigue Podemos ha llevado el partido a pasar su programa electoral por un lavado de cara y a presentarlo a imagen y semejanza de un catálogo de Ikea. Ese anhelo nórdico se hace presente en las formas, pero en el contenido el plan es esencialmente el mismo de las pasadas elecciones.Podemos imita al primer ministro grego, Alexis Tsipras, y advierte de que no va a cumplir con el ajuste de 8.100 millones que la UE exige a España. A cambio, plantea un nuevo calendario para los compromisos del déficit, que no bajaría del 3% hasta 2018 y se quedaría en el 2,1% al cierre de 2019. «El Gobierno tiene que sentarse con Bruselas para renegociar el objetivo de déficit y trasladarle la imperiosa necesidad de que el objetivo de estabilidad sea pospuesto hasta la segunda parte de la legislatura», señaló ayer el responsable económico del partido, Nacho Álvarez, que admitió la ausencia de un plan B:no negociarán, sino que «informarán».

Así las cosas, Podemos modera su propuesta de aumento de gasto público hasta los 60.000 millones de euros al cierre de 2019, y plantea subidas de impuestos por algo más de 27.000 millones de euros. La cifra es la misma que le plantearon al PSOE en su segunda oferta de acuerdo para formar Gobierno y no a su plan original, que disparaba el gasto en 96.000 millones de euros.

Álvarez defendió que esta modificación responde a que el margen que el nuevo Gobierno iba a tener «para gastar más» porque «el PP deja una factura de 9.000 millones no prevista». Álvarez defendió que su programa pretende «revertir los recortes». La propuesta de aumento del gasto público de Podemos equivale a incrementarlo al 3,5% al año, el mismo ritmo al que estiman que crecerá la economía española, por lo que se trata de mantener el gasto público constante respecto al PIB. En Podemos denuncian que con las propuestas del PP y Ciudadanos no se podrán «sostener los servicios públicos». En esta corrección del programa Podemos solo ha metido la tijera en las partidas de defensa, orden público y seguridad y servicios públicos generales. Dentro del apartado del gasto, el plan de renta garantizada se presupuesta inicialmente en unos 10.000 millones de euros. Álvarez explicó que se ha reorientado para enfocarlo totalmente a los hogares sin ingresos y sin dedicar nada finalmente a una fórmula que se asemejaba a un complemento salarial para hogares con pocos recursos.

Este aumento del gasto público se pretende justificar por el lado de los ingresos de la siguiente manera: 14.100 millones derivados del mayor crecimiento económico, 8.000 millones por el nuevo calendario para reducir el déficit, 10.800 millones en lucha contra el fraude y 27.100 millones de subida de impuestos. Así, las cuentas cuadran, siempre que la economía crezca, se incumplan los objetivos de déficit y se suban los impuestos.

Subidas de impuestos

En lo que respecta a los impuestos, la propuesta fiscal se desglosa así: un aumento de la recaudación de 10.800 millones de euros en el IRPF, resultado de aumentar el número de tramos a partir de los 60.000 euros de renta estableciendo un gravamen entre el 45% y el 55%. En sociedades Podemos contempla un aumento de ingresos de otros 10.800 millones de euros (otro 1% del PIB), gracias a un incremento del tipo general de hasta el 30% (ahora está en el 25%).

Por otro lado se prevé establecer unos mínimos no bonificables comunes a todo el Estado para los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Creen que por esta vía se podrían recaudar 2.160 millones de euros (0,2% del PIB).

El único tributo que plantean reducir es el IVA, aunque no especifican su propuesta, y se plantean estudiar alguna figura tributaria para gravar bienes de lujo. Estos cambios en el IVA restarían 4.320 millones a las cuentas públicas. Otra fuente de recaudación serían los impuestos medioambientales, con los que Podemos quiere recaudar el quivalente a otro 0,2% del PIB (2.160 millones de euros). Por otro lado, plantea recaudar 5.400 millones con el establecimiento de dos nuevos impuestos: a las transacciones financieras y «de solidaridad», que se aplicaría sobre los beneficios del sector bancario.