Impuestos o pensiones

El sistema de pensiones se enfrenta a un problema de sostenibilidad en el corto plazo y de suficiencia en el medio y largo plazo. El problema de sostenibilidad se deriva de que en los últimos años el sistema ha tenido déficits crecientes que se han estabilizado alrededor del 1,5% del PIB. Si no se hace nada en los próximos años lo más probable es que haya simultáneamente una pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas y un déficit del sistema. Este déficit, puede financiarse temporalmente con endeudamiento y los restos del Fondo de Reserva. Pero antes que después será necesario elegir entre dar más recursos al sistema o reducir aún más las pensiones.

El problema de suficiencia se deriva de la reducción de las pensiones que comenzó con la reforma de 2011 y se profundizó y automatizó en la de 2013 cuando se crearon dos factores de reducción automática.

Primero, un factor de sostenibilidad que reduce las pensiones iniciales a medida que aumenta la esperanza de vida de las generaciones. Segundo, un índice de revalorización de las pensiones (IRP) que se aplica a las pensiones vigentes y las aumenta menos cuando hay más déficit. Según todas las estimaciones, el IRP implica que durante muchos años las pensiones van a crecer muy por debajo de la inflación. Como resultado, cuanto más viva un pensionista será más pobre y al final de su vida puede tener una pensión un 30% más baja (en términos reales) que cuando se jubiló. Si a esto añadimos otros recortes previstos, las reformas de los últimos años implican en el medio y largo plazo reducciones de la pensión media de en torno al 35% en relación a cualquier indicador relevante. Crear empleo y que los salarios suban minorará la magnitud de los problemas, pero es muy improbable en el corto plazo e imposible en el largo plazo que los resuelva. La sociedad se enfrenta, entonces, a una elección. Reducir las pensiones o dar más recursos al sistema. La primera opción presupone que los jubilados no tienen derecho a ninguna garantía de pensiones. La segunda implica que las pensiones se paguen parcialmente con impuestos. Supondría pasar de un modelo como el actual en el que los ingresos determinan los gastos a un modelo social en el que los niveles de pensiones decididos colectivamente determinan los ingresos del sistema.

Se deben aportar impuestos al sistema. Por un lado, hay que asignar al sistema de pensiones recargos en los impuestos sobre el capital. Por otro, se debe establecer la obligación de pagar con impuestos cualquier déficit del sistema. Finalmente, es necesario recapitalizar (con activos del Estado y con impuestos) el Fondo de Reserva. Debería llegar al 20% del PIB en un plazo de 15 años.