Fomento asegura que no hay un «rescate» a las autopistas sino la «obligación de cumplir la ley»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha subrayado hoy que "en ningún caso" habrá "un rescate" a las ocho autopistas de peaje en quiebra sino que su gestión revertirá en el Estado por la "obligación de cumplir la ley", y ha asegurado que el coste será inferior al calculado por Seopan de 5.500 millones.

De la Serna se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional.

El ministro ha insistido en que no habrá "ningún rescate de ningún tipo" sino que tendrán que asumir las autopistas como consecuencia de una procedimiento judicial de un proceso concursal que "acaba en liquidación".

"No hay decisión política de ningún tipo sino obligación de cumplir la ley", ha aseverado De la Serna y ha defendido que el Estado "lo único que hace es garantizar que el usuario de una autopista, al día siguiente de que quede disuelta por una cuestión que forma parte de un procedimiento concursal, pueda seguir circulando".

Así, ha señalado que esta circunstancia es fruto de "un procedimiento judicial que concluye en un proceso concursal y acaba en una liquidación" y, "una vez que se disuelve la empresa que lo gestiona, el gestor es el titular de la infraestructura, en este caso, el Estado".

"Pero, en ningún caso, hay ningún rescate de ningún tipo. Rescate es cuando hay autopistas con un gestor en funcionamiento y se decide políticamente asumir la gestión de esa autopista", ha argumentado y ha vuelto a afirmar que "no es el caso de ninguna de estas ocho".

Preguntado por el cálculo de Seopan, la patronal que agrupa a las principales constructoras y concesionarias, de que el coste que tendrá que asumir el Estado será de 5.500 millones de euros, el ministro ha dicho que desconoce "de dónde viene" la cifra.

«Sustancialmente mayor»

No obstante, ha considerado que es "sustancialmente mayor" de lo que cree "que puede ser la cifra final de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)", que "sería muy inferior en cualquier caso de lo que le hubiera costado al Estado hacer estas autopistas para que hubieran estado en funcionamiento este tiempo".

Con ello, ha afirmado que adelantar una cifra es "una cuestión compleja que depende de muchos factores que están por cerrar, porque forma parte de ese procedimiento judicial".

Preguntado por este asunto, García-Page ha dicho que cree que "habrá una medida de urgencia", la de "qué hacer con una decisión que decae judicialmente y que viene anunciándose desde hace años y, luego, en qué medida eso se planifica a medio y largo plazo con los intereses globales de la comunicación del país".

En este sentido, ha apuntado que esas autopistas "es evidente que se hicieron en su momento pensando en aliviar y facilitar el acceso a Madrid", pero "no han rendido fruto".

"Como consecuencia, en buena medida, del fracaso de las radiales del entorno de Madrid, hoy todas las autovías convencionales están también empezando a tener una saturación tremenda, todas van a necesitar una ampliación de carriles", ha augurado.

Con ello, ha insistido distinguir entre "lo que el Gobierno de turno tiene que hacer sobre una decisión que te cae" y luego "discutir y pactar entre todos a medio plazo para resolver el problema de fondo, la saturación en los accesos a Madrid y en las comunicaciones de la Península que pasan por Madrid".