Las eléctricas pedirán al Gobierno que asuma los 200 millones del bono social

Las compañías eléctricas están esperando a que se forme el nuevo Gobierno para pedir al próximo titular de Industria y Energía un drástico cambio en el bono social del sector. Este es un descuento que reciben unos 2,4 millones de clientes vulnerables y cuyo coste, unos 200 millones de euros, tiene que ser sufragado por las empresas eléctricas.

El bono social se puso en marcha el 1 de julio de 2009 y, en la actualidad, tienen derecho a acogerse al mismo los consumidores denominados vulnerables, definidos en el artículo 45 de la ley 24/2013: personas físicas, que sea su vivienda habitual, tener una potencia contratada inferior a 3 kW, tener 60 o más años de edad y ser pensionista por jubilación, incapacidad permanente y viudedad, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente, ser familia numerosa o formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.

El bono social se materializa en la aplicación de la tarifa de último recurso que corresponda (con o sin discriminación horaria) calculada como un descuento del 25% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor.

El coste de esta ayuda es de unos 200 millones de euros al año. Más del 99% de esa cantidad es pagada por los cinco grandes grupos eléctricos del país: Iberdrola, el 39,9%; Gas Natural, el 32,8%; Endesa, el 20,8%, EDP, el 3,3% y Viesgo, el 2,3%. Del resto, menos del 1%, se hacen cargo otras 15 pequeñas compañías. Así, por ejemplo, Iberdrola tiene que desembolsar unos 80 millones de euros al año y Sampol Energía (la que tiene el menor porcentaje), solo 1.514 euros.

2,4 millones de beneficiarios

El total de consumidores acogidos al bono social había bajado a 2.437.637 en febrero de este año, según el último boletín de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). De ellos, 1.823.806 (74,8%) son consumidores con potencia contratada en su primera vivienda menor de 3 kW. El segundo colectivo más numeroso son los pensionistas, con 315.060 (12,9%), seguido de las familias numerosas, con 204.832 (8,4%). Los desempleados suman 69.653 (2,9%) y los que tenían tarifa social anterior al 1 de julio de 2009, otros 24.286 (1%).

El presidente de Endesa, Borja Prado, ya dijo en la última junta de accionistas que «como empresa privada, nuestra capacidad es limitada para solucionar un problema que impacta a toda la sociedad en conjunto». Añadió que «estamos convencidos de que es necesario rediseñar los criterios de reparto del bono social para que el descuento que se ofrece sea percibido por hogares con unos niveles de renta mínimos y evite que lo reciban otros clientes que no se encuentren en situación crítica». Este rediseño «liberaría recursos económicos para otro tipo de ayudas que podrían incluir el pago completo de las factura de los hogares identificados por los servicios sociales como insolventes».

Desde esta compañía apuntan que el 78% de sus clientes que solicitan acogerse a alguno de los convenios firmados por esta compañía, no es destinatario del bono social. «Es decir, la mayoría de las familias vulnerables no está acogida al bono social». Y recuerdan que, entre 2009 y 2016, el número de clientes de Endesa acogidos al bono social ha disminuido un 11%; sin embargo, en los últimos cuatro años ha aumentado un 2%.

Esta eléctrica considera que el bono social, «con su actual configuración, no da una respuesta adecuada al problema de la pobreza energética en España, ya que los actuales criterios de acceso no permiten garantizar que los clientes beneficiarios del mismo sean realmente clientes vulnerables».

Disfunciones

Subraya que es cierto que los pensionistas con cuantías mínimas y las familias con todos los miembros en situación de desempleo son dos colectivos adecuados, al igual que muchos clientes con potencia inferior a 3 kW. «No obstante, como no se ha fijado una limitación por criterio de renta para acogerse al bono social, una parte sustancial de las familias numerosas y otros clientes con potencia inferior a 3 kW pudieran no estar apropiadamente encuadrados como clientes vulnerables, pues el ser familia numerosa o tener una vivienda con menos de 3 kW de potencia contratada (como ocurre con un apreciable número de segundas viviendas) no da lugar necesariamente a estar en una situación de vulnerabilidad económica».

Endesa explica que la experiencia en la aplicación de los convenios de colaboración con ayuntamientos, federaciones de municipios y comunidades autónomas para evitar la suspensión del suministro de los clientes que están en situación de pobreza energética, permite concluir que, por un lado, que a pesar de la existencia del bono social, esta ayuda no está resolviendo de manera efectiva el problema de pobreza energética; por otro, podría existir un colectivo elevado de personas que perciben este bono social sin que, atendiendo a criterios de renta, lo necesiten.

«Desde Endesa creemos que lo idóneo sería incluir el criterio de renta como nuevo requisito de acceso al bono social, de forma que permita que tengan acceso a este todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, como medida complementaria, ayudar en el pago de las facturas a aquellos consumidores que aún beneficiándose del bono social, no pueden hacer frente al pago de las mismas».

En 2014, Endesa aplicó un descuento a sus clientes acogidos al bono social equivalente a 75,75 millones de euros, financiando la totalidad de dicho descuento, que supone el 41,61% del coste total del bono social. En 2015, el descuento fue equivalente a 77,6 millones de euros.

Un 20% menos de afectados

Desde que en abril de 2010 superaron los tres millones, el número de acogidos al bono social no ha parado de descender, con una pérdida de más del 20%.

El número de beneficiarios se situó en 2015 en un promedio de 2,45 millones, lo que supone un descenso del 1,2% con respecto al anterior ejercicio, a pesar del fuerte incremento de beneficiarios entre parados y pensionistas. Este descenso se debe a la caída en el número de consumidores con potencias inferiores a 3 kilovatios (kW) en su primera residencia, que es el grupo más mayoritario dentro de los cuatro perfiles de consumidores que pueden disfrutar de la ayuda, y se produce a pesar de haberse disparado (20%) en las familias con todos los miembros en paro. En concreto, el bono social pueden disfrutarlo las potencias inferiores a 3 kW en la primera residencia, los hogares con todos los miembros en paro, los pensionistas y las familias numerosas, así como los de la antigua tarifa social anterior a 2009.

Los beneficiarios del primer grupo se redujeron un 4%, hasta los 1,87 millones, frente al descenso del 3,4% entre los de la antigua tarifa social, hasta 25.959. Por contra, los pensionistas acogidos a la ayuda llegaron a 304.732, un 5,4% más, y las familias numerosas ascienden a 188.146 altas, un 14,7% más. En cuanto a los hogares con todos los miembros en paro, aumentaron un 20%, hasta los 65.241.