Colau multará a las empresas de suministros que no cumplan la ley de pobreza energética

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido hoy a las empresas eléctricas y de suministros que les impondrá «multas coercitivas» si no se avienen a participar en los convenios con las administraciones que contempla la ley 24/2015 de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética.

La teniente de alcalde, Laia Ortiz, ha anunciado hoy a los medios la aprobación de una instrucción jurídica y una propuesta de convenio con las compañías eléctricas para avanzar en la aplicación de la ley 24/2015, que contempla la aplicación de sanciones de 3.000 euros a las empresas que se nieguen a participar, informa Efe.

Entre las medidas que propone el convenio están la aplicación de descuentos en las facturas de luz y gas, la condonación de deudas a las personas «atrapadas» en situaciones de pobreza energética o la puesta en marcha de acciones concretas para facilitar que quienes están conectados a los suministros de forma «irregular» vuelvan al sistema.

En cuanto a las multas que plantea aplicar el consistorio a las empresas de suministros, Ortiz ha explicado que se contemplan dos tipos de sanciones, las coercitivas, para obligar a las compañías a sentarse a negociar el convenio, y otras para las faltas «graves o leves» que deriven del incumplimiento de esto, y que oscilarán entre 10.000 y 100.000 euros.

«Las empresas prestan un servicio en condición de oligopolio, lo que les reporta grandes beneficios, pero en cambio no se corresponsabilizan en garantizar el suministro. Ha llegado la hora de cambiar la perspectiva, no es una cuestión de pequeños maquillajes», ha manifestado Ortiz.

La edil ha apuntado que la comisión de gobierno del consistorio aprobó ayer una propuesta-convenio «ambiciosa» elaborada con la colaboración de la Alianza Contra la Pobreza Energética -entidad impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio lugar a la ley 24/2015- y ha asegurado que las empresas de suministros deberán sentarse a negociar «porque si no, se pondrán multas».

Sin embargo, Ortiz ha asegurado que debería ser el gobierno de la Generalitat el que impulse un convenio de ámbito catalán, y ha exhortado al ejecutivo de Carles Puigdemont a «hacer suya" la propuesta del Ayuntamiento de la capital catalana.