Cataluña y Andalucía solo han devuelto un 25% de la extra a sus funcionarios

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy anunció que devolvería este año a los funcionarios lo que le restaba por abonar de la paga extra suprimida en la Navidad de 2012, bastantes empleados públicos respiraron aliviados pero a muchos más no les afectó la noticia. El compromiso del Ejecutivo se restringía a los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE). Por ello, los trabajadores autonómicos, los más numerosos en el cuerpo público, continuaban dependiendo de lo que decidieran sus respectivos gobiernos regionales.

De los 2,5 millones de funcionarios que hay en España, más de la mitad (1,28 millones) dependen de las comunidades autónomas, frente a los 531.324 del Estado, según los últimos datos del Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas de julio de 2015.

Cuando el Gobierno suprimió la extra de Navidad de 2012, lo hizo sobre todos los funcionarios (estatales, autonómicos y locales). Sin embargo, la devolución de la misma depende de los tiempos que marque cada administración.

La mayor parte de los regionales han cobrado un porcentaje menor de la extra adeudada desde Navidad de 2012 en comparación con sus colegas del Estado: mientras los funcionarios autonómicos han percibido de media un 39% de la mensualidad, los de la AGE han recibido ya el 52% — un 25% en enero de 2015, el otro 27% en octubre de ese año—.

Reembolso dispar

No obstante, entre las distintas administraciones regionales el reparto de la extra es muy dispar. De los 1,28 millones de empleados públicos autonómicos, 510.203 funcionarios de cuatro regiones (Cataluña, Andalucía, País Vasco y Aragón) han cobrado un 25% de extra; otros 415.286 de nueve comunidades (Asturias, Baleares, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Valencia y las ciudades de Ceuta y Melilla) han recibido el 50%, mientras que 359.330 trabajadores públicos de seis autonomías (Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura y La Rioja) han cobrado ya más de la mitad de dicha nómina.

Cataluña y Andalucía son los gobiernos autonómicos que han abonado un menor porcentaje de la extra a sus funcionarios: tan solo un 25%, según los datos recopilados por el sindicato CSIF. Además, ni el Gobierno de Carles Puigdemont ni el de Susana Díez han anunciado fechas para devolver el 75% de la extra restante en el futuro, por lo que los 400.000 empleados autonómicos de ambas comunidades (236.000 andaluces, 164.000 catalanes) desconocen cuándo se les ingresará esta nómina atrasada.

Otras pagas suspendidas

En el caso de la Cataluña, el Ejecutivo regional también suprimió las extras de Navidad de los años 2013 y 2014, mensualidades que los empleados públicos no han cobrado aún. En todo caso, la Generalitat ha ofrecido a los sindicatos de la función pública recientemente un calendario de devolución: para este año un 15% de la extra de Navidad de 2012, otro 30% en 2017 y el 25% restante en 2018, una propuesta que los representantes de los trabajadores han rechazado, señala Joan Escanilla de CSIF Cataluña.

Al sur, en Andalucía, también se recortó un 50% de las extras de 2013 y 2014 sin que la Junta haya planteado su devolución, apunta Alfonso Sotelo, director de comunicación de CSIF Andalucía. En cuanto al 75% de la extra de 2012 no hay compromiso ni fechas para su reembolso.

Aragón y País Vasco también han devuelto solo un 25% de la extra pero ambos casos tienen peculiaridades que los diferencian. Aragón pagará otro 25% en la nómina de abril, lo que hará que en un mes ya haya devuelto un 50%. En el caso de País Vasco, los funcionarios del Gobierno de Íñigo Urkullu no advirtieron la supresión de la mensualidad de la Navidad de 2012, ya que el Ejecutivo regional, para paliar los efectos sobre el consumo, les adelantó la de verano de 2013 en su lugar. Desde entonces se ha repetido la operación: los empleados públicos vascos cobran la mensualidad estival por adelantado en Navidad y viceversa. Pese a ello, el Ejecutivo vasco ha devuelto ya un 25% de dicha mensualidad. Por tanto, Andalucía y Cataluña son las comunidades que ofrecen peores perspectivas a sus empleados públicos en este tema y les adeudan un mayor número de mensualidades.

Devolución progresiva

En el resto de comunidades, el grado de cumplimiento de la devolución es superior y la mayor parte de los gobiernos regionales siguen el ritmo marcado por el Estado. Extremadura fue la comunidad que antes devolvió el 100% de la extra a sus funcionarios, mientras que La Rioja lo completa estos días, ya que ingresa en la nómina de marzo de sus empleados el 50% que le restaba por reembolsar.

Algunas comunidades aprovecharán la primavera para continuar devolviendo la extra: Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León planean devolver otro 25% en abril o en mayo, en el caso de la última de esas tres regiones. La ciudad autónoma de Ceuta también podría abonar el 50% de la extra que le queda en abril, según señala CSIF, aunque aún no hay nada cerrado. Murcia ha reintegrado el 63,5% de la mensualidad, después de que pagara un 38,5% en la nómina de febrero. El resto lo pagará bien en diciembre de 2016 o en enero de 2017.

No es la única que puede llevar al próximo ejericicio la devolución íntegra de la extra. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha reembolsado el 75,14% de la extra de Navidad de 2012, después de que el pasado febrero pagara una cuarta parte. El Gobierno de Cristina Cifuentes intentará pagar el 25% restante el próximo octubre si la situación económica de la región lo permite: de lo contrario postergará ese abono a enero de 2017. Navarra va más allá y planea devolver un 25% en 2017 y otro tanto más en 2018. Galicia, que ya ha devuelto un 50%, intentará pagar un 25% en abril y el otro 25% en septiembre.