El caso Bankia lastra las aspiraciones de España a lograr un sillón en el BCE

La imputación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los jefes de supervisión del Banco de España por el caso Bankia puede suponer un contratiempo en los planes del Gobierno de recuperar peso e influencia en la UE. El Ejecutivo aspira a que España se reincorpore en mayo de 2018 a la cúpula del Banco Central Europeo (BCE) aprovechando la salida de su vicepresidente, Vítor Constancio. El golpe a la imagen del supervisor nacional, según señalan fuentes financieras, no ayudará en esa carrera.

España no tiene ningún representante en el comité ejecutivo del supervisor comunitario desde la salida de José Manuel González-Páramo en 2012. Entonces se desdeñó al candidato español, Antonio Sáinz de Vicuña, por el luxemburgués Yves Mersch.

Esto fue visto como un varapalo a España, ya que se rompía la regla no escrita de que los cuatro principales países del euro (Alemania, Francia, Italia y España) estuvieran presentes en el órgano de máxima dirección del BCE. «Estaba claro que nos bajaban, por lo menos, a la segunda división», admite Luis de Guindos en su reciente libro, «España amenazada».

El ministro de Economía ha comentado en público y en ese libro que su homólogo alemán Wolfgang Schäuble le garantizó verbalmente que la primera vacante en Fráncfort sería para España. Y esa es la del vicepresidente o mano derecha de Mario Draghi, que el portugués Constancio dejará en mayo del próximo año al concluir su mandato de ocho ejercicios no renovables.

Para esa fecha es probable que la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad esté cerrada o a punto de hacerlo, o en el mejor de los casos el juicio oral a punto de iniciarse, y por tanto las declaraciones de los investigados seguirán siendo noticia.

Por ahora los antiguos responsables del banco central nacional solo están siendo investigados y no han sido acusados. El juez instructor, Fernando Andreu, ha llamado a declarar a los ocho exdirectivos del Banco de España y la CNMV imputados entre los días 13 y 16 de marzo (ver calendario). La causa judicial afectaría a la imagen internacional del Banco de España solo en caso que de esa instrucción concluya en acusación y se considere que fue negliente y prevaricó.

Fuentes del sector explican que más que el proceso judicial, en el que se indaga si las cuentas de Bankia al salir a Bolsa eran o no falsas, lo que puede poner en entredicho la reputación del Banco de España, es la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, pues es donde los grupos parlamentarios van a centrarse en aflorar cuál fue el papel de las autoridades, entre ellas el supervisor nacional.

En este sentido, nadie duda en señalar que el Banco de España actuó por instrucción del Gobierno de Zapatero. Ayer, De Guindos pidió no investigar solo Bankia sino ampliar la comisión a toda la crisis bancaria y especialmente a por qué en 2009 y 2010 no se hizo una reestructuración financiera, apuntando a la dejadez del Ejecutivo socialista en esa materia.

La duración de esa investigación parlamentaria será también clave de cara a las negociaciones de ese puesto en el BCE con el resto de estados miembros. Si la comisión se crea a principios de marzo podría tener listas sus conclusiones entre tres y seis meses.

Otros países interesados

«Ahora mismo no hay ninguna preocupación en Europa, puede que se tenga en cuenta que la institución está por encima de sus personas», aclaran en una entidad. «Va a pasar como con el déficit público: si no cumples, al menos tendrás que dar explicaciones suficientes», señalan desde otro banco.

Más aún cuando esa carrera se antoja reñida. La salida de Constancio ha provocado ya movimientos de estados que observan el sillón con apetito. Hay dos países que destacan. En primer lugar, Irlanda, que designó a finales de 2015 como gobernador de su banco central al prestigioso macroeconomista Philip R. Lane, un serio candidato pese a que, como España, el país recibió un rescate bancario de FMI, Comisión Europea y, el propio BCE. El otro estado que suena con fuerza es Países Bajos, con su gobernador, Klaas Knot. Ambos cumplen con una de las reglas tácitas del BCE: si el presidente es de un país con fuerte peso en la Eurozona, el vicepresidente debe ser de un estado pequeño (y viceversa). Las siguientes vacantes serán la del consejero belga Peter Praet en enero de 2019. Ese año, el italiano Draghi dejará también su cargo de presidente.

Es el Gobierno el que deberá presentar un candidato para su aprobación de común acuerdo por el resto de países. Lo normal es que provenga del banco central nacional, por lo que la imputación de la antigua cúpula del Banco de España podría no ayudar. Máxime cuando se debe a Bankia, cuya caída obligó al país a pedir el rescate bancario. La edad del actual gobernador, Luis María Linde, lo descarta además para el puesto: el propio supervisor tuvo que cambiar la ley para que siguiera en el cargo al cumplir más de 70 años.