El fabricante alemán no descarta que haya vehículos afectados en España

En el escándalo por la manipulación del sistema del control de emisiones en los vehículos diésel de Volkswagen -ya bautizado en los medios de comunicación como «dieselgate»- permanecen aún innumerables incógnitas. El fabricante alemán, que padece su mayor crisis reputacional en sus 78 años de historia, se encuentra identificando qué modelos y qué marcas han podido resultar afectados, entre los 11 millones de vehículos que cuentan con el motor EA 189, en el que se incorpora el problemático «software» que fue denunciado por la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés).

Las ramificaciones españolas del grupo (SEAT y la planta de Volkswagen en Navarra) guardan un escrupuloso silencio y se mantienen a la espera de que desde la sede de Wolfsburgo se den especificaciones.

Fuentes del grupo consultadas por ABC admiten que, de momento, se está llevando a cabo una investigación «a nivel técnico» para concretar qué vehículos han incorporado el sistema trucado, entre los que no se descarta que se encuentren coches procedentes de la línea de producción de Martorell o Landaben. Desde la matriz se hace hincapié en que el fraude no merma la seguridad de los vehículos afectados y que la compañía se ha comprometido a realizar todo lo necesario para «solventar el problema y compensar» a los conductores.

La de Barcelona y Pamplona son dos de las plantas de fabricación de automóviles más importantes de nuestro país: juntas dan empleo, entre puestos de trabajo directos e indirectos, a 16.900 personas, y ensamblan algunos de los modelos más vendidos en nuestro país, como el Volkswagen Polo y los SEAT León e Ibiza. Ambas, en total, fabrican más de 748.000 automóviles cada año, según los datos presentes en sus memorias anuales pertenecientes a 2014.

La incertidumbre en torno a la magnitud del problema en España ha llevado al ministro de Industria, José Manuel Soria, ha enviado una carta al vicepresidente mundial de Volkswagen, el español Francisco García Sanz, en la que le ha solicitado datos «claros y precisos» para «determinar el alcance del problema en general y de manera específica en nuestro país».

El mismo día en que reconoció las irregularidades, la matriz germana llamó a revisión 465.000 vehículos diésel en EE.UU. de los modelos Golf, Jetta, Passat y Beetle, al igual que el Audi A3, en sus versiones de 2009 a 2015.

Reunión inmediata

En España, es el Ministerio de Industria el encargado de realizar estos test, aunque la normativa está sujeta a la legislación comunitaria Euro 6, que entró en vigor el pasado mes de septiembre. Por ello, Soria ha remitido también otra misiva para proponer que los estados miembros se reúnan de «forma inmediata» para coordinar las acciones con el fin de impedir que se repitan estas prácticas. Asimismo, este departamento ha creado un grupo de trabajo para seguir «minuto a minuto» las consecuencias del escándalo, avanzó la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto.

Mientras tanto, la inestabilidad en la que se ha sumido el gigante alemán ha hecho temer por las millonarias inversiones que anunció en mayo (3.300 millones para la planta de SEAT y 900 millones a la fábrica pamplonesa). De momento, el grupo ha provisionado 6.500 millones de euros (previsiblemente que, aumentará en los próximos meses) para hacer frente a la avalancha de sanciones que se le avecinan y realizar el necesario lavado de imagen.

El Ejecutivo español llama a la calma. Desde Industria se confía en que el escándalo no pondrá en jaque el ambicioso plan de inversiones. Las filiales españolas no confirman ni desmienten y siguen a la expectativa de las directrices que marque Wolfsburgo. Esto no ha impedido que los sindicatos de las instalaciones españolas hayan expresado su inquietud. El comité de empresa de SEAT, sin embargo, considera que las inversiones no variarán, puesto que ya están aprobadas.