Fomento mantiene que liberalizará el AVE antes del verano

Entre las empresas que optan a la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en el llamado corredor del Levante (cuya joya de la corona es el AVE Madrid-Valencia y el Madrid-Alicante) se ha instalado un escepticismo generalizado: creen que la intensa presión popular tras los comicios del 24M y la proximidad del fin de la legislatura darán lugar a que se retrase «sine die» la apertura de la red ferroviaria a competidores privados.

El ministerio de Fomento, según señaló un portavoz a ABC, mantiene sin variaciones el proyecto y avanza que el próximo mes de junio se publicarán previsiblemente los pliegos para la concesión del título habilitante que permitirá a una única compañía prestar este servicio durante un plazo de siete años.

Como paso previo, el Gobierno ya ha aprobado el proyecto de ley del sector ferroviario, en el que se incluía una reformulación de las bonificaciones y los cánones que los operadores ferroviarios deben pagar a ADIF (el administrador de la infraestructura) por utilizar sus instalaciones. Este paso resultaba crucial: las compañías privadas -una larga nómina de empresas entre las que se encuentran Globalia (matriz de Air Europa), ACS, Acciona, Ferrovial, el Grupo Villar Mir y Planeta y entre las que no se descarta la participación de gigantes extranjeros como la empresa pública francesa, SNCF, y la alemana, Deutsche Bahn- habían solicitado a la Administración una importante rebaja de los cánones -de en torno al 40%- con la advertencia de que, si no se adoptaba esta medida, el concurso podía quedar finalmente desierto. La nueva legislación aborda esta cuestión con una simplificación de dichos cánones y la incorporación de bonificaciones por incentivar el crecimiento de tráfico.

Informe de la CNMC

El Gobierno se había marcado como prioridad que antes del fin de la actual legislatura ya se hubiera adjudicado la concesión de este servicio a una empresa privada. Las empresas consideran que si la publicación de los pliegos se demora más allá del verano resultará imposible, puesto que, calculan fuentes de las compañías privadas, serían necesarios entre dos y tres meses para presentar las ofertas y otros dos o tres meses adicionales para realizar la adjudicación.

El supervisor de la competencia, CNMC, valoró en un informe publicado el miércoles el proyecto normativo como una «mejora» de la ley vigente, pero consideró necesaria la introducción de medidas específicas para evitar que Renfe Operadora pueda «llevar a cabo comportamientos que obstaculicen la entrada de potenciales competidores» y la definición de una estrategia en la que se aclare el listado de líneas y corredores que se abrirán al capital privado, así como los «criterios, hitos, fechas y ámbitos geográficos». El Tribunal de Cuentas, también, advirtió en un reciente escrito que el tren de alta velocidad no es «sostenible» con el actual modelo de financiación.