La privatización de AENA, en manos de la Abogacía del Estado

La semana que arrancó ayer será crucial para la salida a Bolsa (opv) del 28% del capital de AENA, tras el retraso en la presentación del folleto a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), paso que debía aprobar previamente el Consejo de Ministros del pasado viernes y que no hizo.

Los ministros de Economía y Hacienda congelaron la operación. En el departamento de Luis de Guindos hay dudas sobre si la adjudicación de la carta de conformidad («comfort letter») que debía adjuntarse a la documentación remitida al supervisor bursátil se tenía que haber llevado a cabo mediante un concurso público, al tratarse de una empresa de capital estatal . Este procedimiento fue asignado a Pwc, el auditor de AENA.

En el de Hacienda las dudas vienen sobre si con la incertidumbre que hay en el mercado este es el momento oportuno para una operación de este calado.

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que esperarán a que se pronuncie la Abogacía del Estado para ver si es o no necesario sacar a concurso la designación del auditor. No se trata, aseguran, de que sea incompatible que el mismo auditor de AENA haya redactado la carta de conformidad, con la que se verifica que los datos aportados en el folleto de emisión son veraces, sino de la falta de concurso.

Sin margen de error

El Gobierno confía en mantener, pese a las adversidades, los plazos previstos, que sitúan el debut en el selectivo madrileño en el 12 de noviembre. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró ayer convencido de que estos inconvenientes se solucionarán en los próximos días. «Es un tema de procedimiento. No tiene nada que ver desde el punto de vista de compatibilidades o incompatibilidades», recordó tras participar en unas jornadas sobre la ley Concursal.

En esta línea también se pronunció la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien avanzó que «se están culminando todos los trabajos preparatorios» para poder registrar el folleto de emisión «al final de esta semana». Ninguno de los ministros detalló los motivos de la paralización del proceso, que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, vinculó con «alguna solicitud de informe que debe incorporarse al folleto», añadió.

Lo cierto es que el mes de noviembre es el último hábil para realizar este tipo de operaciones: fuentes del mercado explican que las «ventanas» de oportunidad para emisión de acciones se encuentran en los mercados internacionales durante los meses de primavera y otoño, por los plazos transcurridos desde la publicación de los resultados anuales y semestrales. Una vez agotado el mes de noviembre, si el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere retomar el proyecto, estaría obligado a aplazarlo hasta la próxima primavera, periodo electoral y, por consiguiente, poco propicio para este tipo de operaciones.

La interrupción transitoria de la opv se produjo después de que incluso el Consejo Consultivo de Privatizaciones determinara que el proceso cumple con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia y no mencionara el posible conflicto derivado de la carta de conformidad firmada por Pwc. El hecho de que la auditora fuera responsable de la carta de conformidad es una práctica, indican fuentes de la Administración, presente en el resto de privatizaciones realizadas en España hasta la fecha (como en el caso de Telefónica e Iberia, entre otras).