El juez solicita a la Junta relación de las ayudas concedidas a UGT hasta 2013

El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha dictado una providencia en la que requiere a la Junta de Andalucía para que «identifique a la mayor brevedad todos y cada uno de los expedientes correspondientes a subvenciones otorgadas por la Dirección General de Formación de 2009 a 2013 y que tengan como beneficiaria a la entidad UGT Andalucía».

En la providencia, fechada el pasado 3 de octubre, el magistrado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, reclama igualmente a la Junta que «indique la localización física de dichos expedientes a fin de realizarse la oportuna pericial», todo ello «sin perjuicio del resultado que ofrezca el análisis en trámite de la documentación incautada en las diferencias diligencias de entrada y registro practicadas» en el marco de la investigación.

La existencia de esta providencia fue desvelada ayer por el portavoz del PP, Carlos Rojas, durante su debate con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la sesión de control al gobierno.

Con esta providencia, el magistrado atiende la petición realizada por la defensa del exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, imputado en la causa y que solicitó la entrega de dichos expedientes al entender que «en los mismos existía legalmente un tanto por ciento de la cantidad del mismo con un máximo del 20 por ciento al que se podían aplicar gastos directos y costes asociados», en alusión a la Orden de 13 de octubre de 2009, que regula el decreto . En su escrito, la defensa de Fresneda realizó esta petición «para poder contrastar las facturas» existentes en los «informes-atestados» de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las cuales «por empleados del sindicato y a través de correos electrónicos se había solicitado el cambio del texto a los proveedores con remisión del cargo a estos programas».

Todo ello, según exponía en su escrito el letrado de Federico Fresneda, «al objeto de comprobar si están bien aplicadas las correspondientes facturas en las que se modificó el texto para aplicarlas a un programa subvencionado y aclarar si son falsas o no, o si están bien o mal aplicadas», ya que «en la imputación de cualquier delito no se puede generalizar, sino concretar el mismo directamente, ya que en caso contrario se crearía indefensión al imputado del delito».