ESPAÑA

Rajoy hará su primera visita oficial a China este septiembre

MADRID. Actualizado: Guardar
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Mariano Rajoy visitará por primera vez China entre el 25 y 27 de septiembre. El presidente del Gobierno hará su primer viaje oficial al país asiático después de haberlo suspendido hace un año ante las protestas de las autoridades de Pekín por la apertura de sendas causas judiciales en la Audiencia Nacional por la genocidio del Tíbet y la represión de los miembros de la secta Falun Gong en aplicación del principio de justicia universal. Ambas investigaciones ya están archivadas tras la reforma de esa doctrina judicial impulsada por el PP.

El jefe del Ejecutivo se entrevistará con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y con el primer ministro, Li Keqiang. El viaje, según informaron fuentes gubernamentales, tendrá un marcado acento económico y Rajoy irá acompañado de una importante delegación de empresarios. La primera etapa se centrará en Shanghai, el principal centro económico de ese país, donde se celebrará un foro empresarial bilateral. En Pekín, el presidente mantendrá los encuentros políticos con los dos principales mandatarios chinos.

La visita del presidente del Gobierno ha sido preparada con mimo las autoridades chinas y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, viajó en junio del año pasado para reforzar los vínculos bilaterales tras la llegada de Xi Jinping a la Presidencia y Li Keqiang al frente del Ejecutivo. También la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se desplazó al gigante asiático invitada por el Partido Comunista.

Rajoy suspendió en septiembre del año pasado su viaje a Pekín tras las protestas del Ministerio de Asuntos Exteriores chino por la orden detención dictada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno contra el expresidente Jiang Zemin y otros seis exaltos cargos chinos por el genocidio del Tíbet. La medida provocó la airada protesta del país asiático y una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, lamentó que la justicia española tomara una «decisión errónea» y confió en que el Gobierno español gestionase el asunto «de forma apropiada».