Repunta la violencia de género

En este mes de agosto, que no ha sido especialmente cálido, un total de ocho mujeres han sido asesinadas por hombres con los que mantuvieron una relación de pareja, lo que convierte este mes canicular en el más siniestro para la violencia de género de los últimos cuatro años (en 2009 hubo siete víctimas, la mitad que en 2008, año en que se registraron 14 asesinatos machistas; en 2007 fueron ocho). En lo que va de año, se contabilizan 40 víctimas, diez más que en el mismo período de 2013 y nueve más que en 2012. Y además, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tiene dos casos bajo investigación, lo que podría aumentar el balance. En la mayoría de los asesinatos, no había habido denuncia previa de la víctima contra su agresor.

Esta subida del 25% en el número de mujeres asesinadas en los ocho meses transcurridos de 2014 con relación al año pasado no puede atribuirse exclusivamente al azar estadístico, máxime cuando hay quejas, al parecer bastantes fundadas, sobre la reducción notable de los recursos destinados a la prevención de esta clase de violencia machista. A causa de la crisis económica, desde luego, y quién sabe si también a cierta desidia que ha podido deberse a la errónea convicción de que la violencia de género se estaba quedando lentamente atrás, vencida por el activismo de un sector social cada vez mayor y por el propio progreso social.

En este delicado asunto, debería descartarse cualquier planteamiento buenista que sea capaz de tentar a los expertos: por desgracia, la lacra de esta violencia atávica esta muy arraigada, y no solo, como podría pensarse, en las fogosas sociedades mediterráneas: en los fríos países nórdicos, las estadísticas constatan una incidencia mayor que en el profundo sur del Viejo Continente. De donde se desprende que, sin abandonar la pedagogía, que ha de ser permanente e intensiva, hay que apostar por las medidas preventivas de alta intensidad: campañas permanentes de opinión para conseguir que las mujeres denuncien a sus agresores, protección completa para las víctimas a las que habrá que proporcionar un medio de vida si no lo tienen, castigos ejemplares para los perturbados que mantienen una concepción patrimonial de la mujer. Todo ello requiere recursos públicos, que no pueden regatearse en esta materia si de verdad se quiere luchar contra el problema y reducirlo a sus mínimas proporciones.