LA DIADA EN EL PEOR MOMENTO

Cataluña ha entrado en lo que en la terminología de Artur Mas se define como el territorio desconocido. Un trimestre de vértigo con tres fechas en rojo en el calendario, 11 y 19 de septiembre, y 9 de noviembre, y que marcarán el futuro, ya sea como empujón definitivo hacia la ruptura o como el fin del proyecto soberanista de Mas.

Casi los únicos que se atreven a hacer pronósticos sobre qué pasará son los independentistas, que no dudan en proclamar a los cuatro vientos que la Diada del próximo jueves será la última de Cataluña dentro de España. Será la «definitiva», según la Asamblea Nacional Catalana, que cree que dentro de un año ya no tendrá nada que reivindicar porque estará en marcha la construcción del nuevo estado. El soberanismo tiene prisa y siente que está ante su gran oportunidad. A tal punto lo creen que la ANC y Ómnium Cultural, organizadoras de la 'V' humana del 11-S, han puesto toda la carne en el asador para que la concentración en las calles de Barcelona sea un éxito y rampa de lanzamiento de la consulta. «Vamos a dar el paso más importante de nuestra historia: votar y ganar el próximo 9 de noviembre», señalan sin asomo de duda desde la Asamblea. Pero su objetivo es tan ambicioso, celebrar la concentración «más masiva de la historia en Europa», que si no lo consiguen se puede volver en su contra. Un dirigente de Esquerra y exdiputado en el Congreso no tiene dudas: «Será un éxito absoluto. Si el año pasado participaron 1,6 millones en la Vía catalana (600.000, según la Delegación del Gobierno y 800.000 según el recuento que hizo Societat Civil Catalana de la cadena humana), este año pueden superar los dos millones».

El listón de 2012 y 2013 es complicado de superar, coinciden fuentes del PSC y del PP catalán. Los socialistas no se atreven a vaticinar un «pinchazo», pero creen que habrá «menos» participación. «Sería razonable que vaya menos gente», apuntan también en el PP. Si así fuera, los populares consideran que sería el primer síntoma de que el «globo» está empezando a «deshincharse» y que la fatiga de materiales es inevitable. Las señales de agotamiento y desconfianza en unos políticos a las que no ven capaces de consumar el desafío son evidentes sobre todo tras el aldabonazo de Jordi Pujol, el indigesto convidado de la Diada. Con su confesión ha puesto patas arriba a su partido, ha herido la alianza entre CiU y Esquerra y puede que también el proceso soberanista. Será el recuerdo de la derrota de 1714 más ambicioso, pero también el más arriesgado porque llega en el momento más delicado para el independentismo.

Desde la ANC, en cualquier caso, niegan que el 'caso Pujol' vaya a afectar a la movilización del 11-S. «Pujol era el símbolo de Cataluña y ha causado un impacto terrible. Pero una vez que ha pasado el golpe, su caso reactivará a la gente porque el proyecto independentista es de regeneración y de creación de un país nuevo en el que no cambien los 'pujoles'», apuntan fuentes de la plataforma soberanista.

Movilización

El principal activo del secesionismo es su capacidad de movilización, una masa crítica de 500.000 a un millón de catalanes que no piensan parar hasta que logren votar. Consideran que el 'caso Pujol' supone el final de la etapa del nacionalismo autonomista, y que el ocaso del expresidente es un acicate para iniciar una fase nueva, la del nacionalismo rupturista. El exdiputado de Esquerra citado también cree que el escándalo Pujol está causando el efecto contrario al que algunos presumen. Lejos de frenarla, ha catalizado la movilización.

Aunque ha tenido un efecto colateral, la erosión de las relaciones entre CiU y Esquerra, que parecían blindadas, pero que sufren un veloz deterioro por la brutal confesión del expresidente.

En la Generalitat, mientras, el mensaje es, según ha expresado el consejero Francesc Homs, que pese al 'caso Pujol', el «proceso seguirá su curso porque es de la gente, muy profundo y de mucho arraigo». Para el Gobierno catalán, la «movilización» en la calle y la «unidad» de las fuerzas soberanistas son dos motores clave. La primera parece asegurada, la segunda es otro cantar.

La movilización se pondrá a prueba con la Diada. La unidad, una semana después, el 19 de septiembre, cuando el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas y acto seguido, de acuerdo con la hoja de ruta pactada, Mas firmará el decreto de convocatoria del referéndum. Hasta ese límite, el compromiso del presidente de la Generalitat es firme. A partir de ahí viene la confusión. El Gobierno central ya ha anunciado que recurrirá la ley y el decreto, el Constitucional lo admitirá a trámite, suspenderá la consulta y la convocatoria quedará en el aire.

Consulta o elecciones

Llegados a este punto, Mas solo ha asegurado que la decisión que tome será consensuada entre CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP, los partidos que impulsan la consulta. Las tres formaciones de izquierdas y la Asamblea presionan al presidente catalán, le piden que desobedezca al tribunal y saque las urnas a la calle porque la ley, sostienen, no puede parar el proceso. Unió y los moderados de Convergencia, abanderados por la vicepresidenta, Joana Ortega, y el consejero Santi Vila, piden respetar la ley, mientras que los independentistas de Convergència, como el número dos del partido, Josep Rull, están por la consulta, legal o ilegal.

Mas se ha mantenido en una posición intermedia y al mismo tiempo que afirma que su «determinación será total», asegura que la consulta hay que hacerla «bien» y sin hacer el «ridículo», que es tanto como decir que no quiere un referéndum en el que solo voten los soberanistas, que no sería reconocido por ningún organismo internacional, carecería de garantías democráticas porque habría ayuntamientos gobernados por el PSC y el PP que se negarían a participar en algo ilegal, y funcionarios o ciudadanos que se opondrían a participar en las mesas.

La situación de Mas ante la Diada es, como se dice en Cataluña, de 'traca i mocador' (pañuelo), ya que afronta la fase final del proceso con CiU dividida, debilitada electoralmente, castigada por el 'caso Pujol', con diferencias serias con Esquerra, tratando de cerrar una refundación exprés de Convergencia, con Duran Lleida pergeñando una alternativa al independentismo, los soberanistas pidiéndole que ignore la legalidad y el 'establishment' catalán reclamándole diálogo y que no rompa con España. Tiene que cuadrar un círculo que, según el PSC y PP, sólo puede acabar en adelanto electoral.

A día de hoy, quien tiene todas las papeletas de ganar es Junqueras, que podría liderar una coalición de Esquerra y la Convergència más soberanista para impulsar la declaración unilateral de independencia. «En el 34 ya lo hicimos», señala el exdiputado republicano. En el PP no descartan ese escenario y aventuran que el proceso «acabará en frustración y crispación en la sociedad».