Las empresas de cursos de formación no podrán vivir sólo de subvenciones

El fraude de los cursos para desempleados planea sobre el anteproyecto de ley de formación, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, que establece nuevos controles en las empresas que quieran impartirlos y acaba con la exoneración o exceptuación, a la vez que establece la concurrencia competitiva para optar a las ayudas.

El anteproyecto, dado a conocer por el consejero de Educación, Luciano Alonso, quiere acabar con las empresas creadas para captar subvenciones, y así las que opten a impartir cursos deberán reunir una serie de requisitos, entre ellos que su actividad no dependa exclusivamente de las ayudas públicas.

La formación ocupacional y para el empleo, donde se han producido los fraudes, será impartida en la Red de Centros de FP de Andalucía, de gestión pública, a la que podrán sumarse las empresas y entidades que quieran impartir cursos, que deberán ser autorizadas expresamente Los requisitos serán «tener autonomía financiera suficiente, acreditar un funcionamiento ordinario adecuado y poseer experiencia previa formativa reconocida, además de contar con un plan permanente de calidad». Si alguna de ellas deja de tener actividad durante un año queda fuera del sistema. Habrá multas para quienes incumplan las normas de admisión.

La futura ley incorpora las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que había llamado la atención en un reciente informe sobre irregularidades en los cursos. Por ello, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, salvo cuando se trate de proyectos que tengan asegurada la inserción laboral, y se acaba con las llamadas exoneraciones o exceptuaciones. «En ningún caso, dijo Alonso, la Junta podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones», que además deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para cobrar las ayudas.

Falta de tesorería

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, defendió que las exceptuaciones realizadas han sido legales, pero dijo que la Junta renuncia a hacerlas en aras de las transparencia y animó a otras administraciones que las practican a seguir su ejemplo.

Vázquez explicó que la norma adoptada en 2012 obedecía tanto a la incapacidad de la Administración de revisar los expedientes en los plazos previstos como a la falta de tesorería en aquel año, que retrasó los pagos comprometidos por los cursos. Pidió que no se «criminalice» ni a las empresas y entidades incluidas en la lista hecha pública ayer, que sí han justificado las ayudas, y lamentó las interpretaciones «sesgadas y torticeras». Aseguró que la expulsión del PSOE del exconsejero Ángel Ojeda se debe a que tenía dinero en paraísos fiscales.

Luciano Alonso explicó que la revisión de las ayudas se está haciendo «una a una y no por muestreo», desde 2007. Negó que haya riesgo de prescripción y dijo que espera tener terminado el examen antes de diciembre de 2015.

No fue el único acuerdo del Gobierno ayer vinculado con los casos de corrupción: también se aprobó una nueva estructura de la agencia IDEA, con mayores controles externos e internos, dijo el portavoz, para que «no se repitan situaciones del pasado».

Pero las explicaciones de la Junta no convencieron al PP-a, cuya secretaria general, Loles López, habló de «amnistía generalizada». «Ni la propia Junta sabe si los cursos se han dado o no», y reclamó que se publiquen todas las exoneraciones. Juan Cornejo (PSOE) denunció la «doble vara de medir» y preguntó al PP si «tomará medidas contra sus alcaldes vinculados a cursos de formación en toda la comunidad».

Antonio Maíllo, coordinador general de IU, salió en apoyo de sus socios de Gobieno y aprobó la publicación de las empresas exceptuadas aunque reclamó más transparencia, porque «hay que decir todo lo que ha ocurrido».