La actividad en la rotonda de El Corte Inglés es nula desde que se anunció el parón el pasado miércoles. La imagen es de ayer. :: ANTONIO VÁZQUEZ
CÁDIZ

Varias subcontratas que trabajan en la orilla de La Cabezuela inician también la retirada

Las empresas que se encargan de montar el tramo atirantado rematan la faena pendiente y se preparan para abandonar los tajos hasta nuevo aviso

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Las dos subcontratas más importantes que trabajan en la orilla de La Cabezuela han iniciado el desmantelamiento de sus respectivos tajos tras el anuncio de Dragados el pasado miércoles de paralizar la obra hasta que se resuelva un expediente de modificación de proyecto. El cese de actividad se está llevando a cabo de manera escalonada. Así, los primeros efectos de la comunicación de la empresa adjudicataria se han podido advertir en la glorieta de El Corte Inglés, donde han desaparecido las cuadrillas y la actividad resulta nula. La producción es mínima también en la construcción del tramo elevado que supera la planta de Dragados Offshore, al tiempo que se remata la faena en las dos pilas centrales con el ajuste de dos dovelas y su aglomerado.

Las empresas subcontratadas tienen orden de parar los tajos una vez que se acabe el trabajo pendiente y se adopten las medidas de seguridad. Mientras tanto, el Ministerio de Fomento trata de buscar una argucia legal para contrarrestar la medida de Dragados y ordenar la reactivación de la obra. La empresa adjudicataria ha elevado al Ministerio un expediente en el que recapitula sobre los cambios que ha sufrido el proyecto desde que arrancó su ejecución, en la primavera de 2007.

Fomento ha dejado muy claro que la decisión de Dragados obedece exclusivamente a una cuestión técnica y no tiene nada que ver con una supuesta falta de financiación o un posible impago de certificaciones de obra. El Gobierno de la nación ha reservado para este año en sus presupuestos 61 millones de euros para la construcción del puente y ha repartido entre 2015 y 2016 el pago de 46,9 millones y de 1,6 millones, respectivamente.

Todo apunta a que la negociación del expediente comenzará a partir del próximo septiembre y se espera, si todo va bien, a que ambas partes lleguen a a un acuerdo en octubre, aunque las espadas están en alto debido al sobrecoste que acumula la obra tras siete años de ejecución. El segundo acceso de Cádiz se adjudicó a la empresa Dragados a finales de 2006 por 273 millones de euros y un plazo de construcción de 42 meses. Sin embargo, el proyecto alcanza en estos momentos los 473 millones de inversión y acumula dos años de retraso. La medida adoptada por Dragados la pasada semana supone el tercer parón de la obra del puente en siete años de construcción. En este caso, la decisión tiene unos efectos nocivos para los intereses políticos, ya que la dirección de la obra barajaba la posibilidad de inaugurar el puente en víspera de las elecciones municipales del próximo mayo. El nuevo parón deja en el aire otra vez la fecha de terminación del puente.

Esta situación ha llevado al diputado del PSOE por Cádiz y miembro de la Comisión de Fomento Francisco González Cabaña a registrar en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir «que informe sobre la nueva paralización de las obras del segundo puente», así como sobre el grado de ejecución de dicho proyecto y el calendario para su terminación. Señala que con esta iniciativa parlamentaria pretende «que el Gobierno dé la cara en el Congreso y aclare los verdaderos motivos de la nueva paralización de unas obras que, a tenor de las propias promesas de la ministra de Fomento, Ana Pastor, iban a estar ejecutadas y finalizadas en el año 2013».

Para el diputado socialista, «la gestión del Gobierno del PP en las obras del nuevo acceso a Cádiz han estado marcadas en estos casi tres años por las falsas promesas, las excusas y la ocultación de datos a la oposición para conocer el verdadero grado de ejecución del proyecto». Según la información facilitada por Fomento al diputado, durante los nueve primeros meses de 2012 sólo se gastó el 48,8% de los 41,2 millones consignados. Cabaña explica que «en otra contestación, el Ejecutivo reconoce que en los diez primeros meses de 2013 tan sólo se había ejecutado el 19,6% de los 68,3 millones reservados en los presupuestos del Estado para ese año».