El escándalo y la detención

Podría considerarse un hecho previsible, una consecuencia lógica e inevitable, pero siempre resulta impactante. Un exconsejero, y de Hacienda, con lo simbólico que resulta, de la Junta de Andalucía en los calabozos tras ser arrestado en su casa. Este jerezano, Ángel Ojeda Avilés, fue interceptado ayer en Sanlúcar de Barrameda por los funcionarios policiales, pero por muy llamativo que resulte, lo más grave podría ser lo anterior y lo posterior. Es decir, lo realmente escandaloso sería que los indicios reunidos por la Policía Nacional se demostraran ciertos ante un tribunal de Justicia, garantista como afortunadamente son en España. Si una pequeña parte, una centésima, de lo contenido en los informes policiales quedara formalmente demostrado como cierto estaríamos ante uno de los mayores bochornos de la comunidad andaluza, entendida como conjunto de ciudadanos, incluso al margen de la administración. Que una persona encargada por sus convecinos para dirigir las cuentas colectivas hubiera desviado, siquiera, una pequeña parte de los millones que la investigación ha detectado, sería para echarse a llorar. Que ese dinero, una milésima parte, fuera el destinado a tratar de aliviar la angustia de miles de parados, como los que salieron de la planta de Delphi u otros, sería un agravante indignante. También que se hubiera servido de su condición de responsable autonómico para ajustar las normas a sus intereses. Todo eso, si se demuestra cierto, será lo realmente escandaloso. Menos llamativo que una detención y más difícil de captar en una fotografía, pero infinitamente más trascendente y grave, desolador. Mientras llega el momento de ordenar los espantos, habrá que dejar trabajar a los funcionarios públicos.