Navantia suaviza las pérdidas en su peor año de carga de trabajo

El panorama sobre el futuro de Navantia que dibujó en febrero el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, ante la Comisión de Hacienda del Congreso fue desolador. El máximo responsable del grupo de empresas públicas del país, a la que pertenecen los astilleros, reconoció ante los diputados que la situación de la constructora era «crítica». La empresa se asomaba al abismo tras casi seis años sin firmar un contrato de construcción naval y con sus plantas paralizadas desde 2012. Aguirre adelantó entonces que: o se reducían las pérdidas o habría que disminuir el capital social de la empresa, lo que implicaría importantes ajustes. La situación, según sus propias palabras, era de «deterioro alarmante de la cuenta de resultados». El equipo de Aguirre tenía serias razones para lanzar este mensaje de alarma a primeros de año. Navantia perdió en 2010 unos 46 millones de euros, en 2011 redujo los números rojos a 43,2 millones, pero en 2012 la situación se fue de las manos al contabilizar pérdidas por valor de 78,2 millones. El presidente de la SEPI aprovechó su comparecencia en el Congreso para adelantar algunos datos del ejercicio de 2013 y explicó que estaba previsto superar los 50 millones de euros, colocando el acumulado en 169 millones de euros de negativo.

Navantia ya ha cerrado las cuentas del año pasado y, según ha podido saber LA VOZ, arrojan un déficit de 57 millones de euros. Este resultado, después de impuestos, no es tan malo como se esperaba. La compañía ha logrado suavizar sus pérdidas en su peor año de carga de trabajo. La explicación a este frenazo de la tendencia lo encontramos en los ingresos que entraron en caja justo antes de final de año. Se trataba de la liquidación de algunos programas navales. Así, la Armada Española pagó a Navantia 195 millones de euros en concepto de deudas atrasadas. Igualmente, el aval que depositó el gobierno de Turquía tras firmar en diciembre el contrato para la construcción de un buque anfibio por transferencia tecnológica ha servido para rebajar las tensiones de tesorería en los astilleros y amortiguar sus pérdidas. El tercer ingreso que ha venido como agua de mayo a las arcas de Navantia es el referido a la liquidación de varios programas llevados a cabo para la Marina australiana.

Uno de los grandes temores que expresó Aguirre en la primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda fue el riesgo de que las plantas de Navantia entraran en una intensa subactividad, lo que provocaría un notable aumento de las pérdidas. Cabe recordar que el astillero de Puerto Real, por ejemplo, lleva prácticamente paralizado desde abril de 2012. Ese año se entregó el último de los siete patrulleros que se construyeron en la Bahía para Venezuela. Desde entonces, esta planta ha absorbido solo y de manera puntual parte de la carga de trabajo del área de reparaciones.

Los malos presagios o los temores del presidente de la SEPI se han diluido al mismo tiempo que ha ido avanzando el año 2014, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Las expectativas para los astilleros públicos son, en estos momentos, mejores que hace un año.

Así, el primer espaldarazo lo encontramos en el anuncio que hizo en marzo el ministro Montoro sobre la construcción de un barco para la Armada española. El Gobierno retomaba así las inversiones en construcción naval, paralizadas desde 2008 por los efectos de la crisis. En mayo se supo que serían dos unidades de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM). Un barco se construirá en el astillero de Ferrol y el otro, en el de San Fernando. El Consejo de Ministros aprobó la inversión ese mismo mes por importe de 333 millones de euros y el pasado viernes firmó su contrato de construcción. Todo apunta a que el corte de chapa se hará en otoño.

Entrada en el negocio offshore

Otro de los proyectos que ha paliado la inactividad en las factorías gallegas es la construcción de un flotel para la mexicana Pemex. Se trata de una plataforma marina que servirá para alojar en ella a la mano de obra que se utiliza para la construcción en mitad del mar de las plantas petrolíferas o de gas.

El tercer contrato que ha servido para despejar dudas sobre el futuro de los astilleros públicos ha venido de la mano de Iberdrola. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó en junio una visita a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para confirmar que Navantia, en este caso el astillero de Puerto Real, había sido la empresa adjudicataria del contrato de construcción de las estructuras metálicas que precisa la eléctrica para el parque eólico-marino que promueve en Alemania. Está previsto que la obra comience antes de final de año en la planta gaditana.

El cuarto contrato aún está en el aire pero tiene todas las papeletas de que Navantia se lleve el gato al agua. Se trata de la construcción del quinto gasero para Gas Natural. La empresa gasista española, a través de sus dos armadores, el noruego Knutsen y el español Elcano, adjudicó en octubre de 2013 la construcción de cuatro gaseros a los astilleros asiáticos. La decisión provocó un terremoto político y Gas Natural se vio obligada entonces a adelantar algunos de sus planes de inversión para favorecer la contratación de un quinto barco, en esta ocasión a los astilleros españoles.

Navantia ya ha cumplido con el encargo de Gas Natural y ha diseñado un gasero de última generación que cumple con todos los requisitos y necesidades. La oferta técnica es muy satisfactoria. El proyecto se encuentra ahora en fase de debate económico. Gas Natural y su armador Knutsen, que pilota la inversión, debe decidir el próximo octubre su adjudicación.

Con estas expectativas, la dirección de Navantia ve con cierto optimismo el resultado económico que podría arrojar el ejercicio de 2014 pero, sobre todo, reconoce un cambio de tendencia a partir de 2015, donde la empresa abordará un nuevo ciclo con carga de trabajo.

Esta nueva etapa a la que se enfrentan los astilleros españoles ha obligado a diseñar un Plan de Competitividad. Este plan implica medidas de ahorro y ajuste, además de la revisión del convenio colectivo para su actualización a las nuevas necesidades del mercado. La plantilla de Navantia y la empresa firmaron un preacuerdo en octubre del año pasado sobre el marco laboral 2011-2013. Navantia se encontraba regulada por un convenio prorrogado. La plantilla cedió y optó, entre otras cosas, por no exigir el incremento del IPC de esos años, lo que, si se hubiera llevado a cabo, habría hundido más las arcas de la compañía. La empresa por su parte se comprometió a no cerrar plantas y a mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, toca ahora negociar un nuevo convenio.

El plan estratégico de la empresa que implantará el próximo año pasa por una reducción de las subcontratas, amortizar su propia mano de obra, reorganizar la secciones y incrementar las acciones comerciales. Todo ello, con el ánimo de ganar en competitividad

La compañía también abordará una diversificación de sus líneas de negocio que permita superar la alta dependencia del Ministerio de Defensa, especialmente dadas las actuales restricciones presupuestarias, apostando «decididamente» por un área de sistemas, una intensificación del área de las reparaciones y la recuperación del área del sector civil. Asimismo, se incorporará un «sector novedoso» como es el eólico, donde «Navantia no ha ocupado ninguna línea de negocio aún».