Argentina se arriesga a encadenar las reclamaciones por su deuda

Más allá de la retórica socarrona de la presidenta Cristina Fernández, que procura minimizar el eventual impacto de la suspensión de pagos de la deuda externa argentina, los expertos prevén que el impago que comenzó a correr el pasado 31 de julio proyecta escenarios de riesgo más o menos dramático según el tiempo que se prolongue el 'default' (quiebra) sin acuerdo entre las partes. «Estamos en el día 31 de julio, el mundo sigue andando y también la República Argentina, lo cual no deja de ser una buena noticia», celebró la mandataria el jueves en un discurso en el que volvió a negar que el país haya incumplido sus compromisos.

Argentina ingresó ese día en una inédita suspensión de pagos, que no es producto de la insolvencia sino del bloqueo judicial de fondos por 539 millones de dólares (401 millones de euros) que el país giró hace un mes al Banco de Nueva York para cancelar vencimientos con los dueños de títulos de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, tras la dramática quiebra de 2001.

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, mantiene frenado ese pago hasta que Argentina se comprometa a poner al día a los llamados 'fondos buitre', inversores que no aceptaron las condiciones del canje de sus deudas -que implicó descuentos y aplazamiento de pago-, fueron a juicio para que se les pague el valor nominal de sus bonos y lo ganaron. La sentencia fijó el pago a esos acreedores de 1.500 millones de dólares (1.117 millones de euros).

El Gobierno no acepta pagar. Al menos no este año, pues si lo hace se le complica toda la reestructuración. Fernández dice defender las condiciones aceptadas por casi el 93% de los bonistas y rechaza, por «extorsivas», las exigencias del juez a favor de los 'buitres', que representan el 1% de los acreedores. Pero su intransigencia podría tener un alto costo.

Expertos en finanzas consultados señalan que los escenarios que se avecinan ahora serán más o menos traumáticos si la actual incertidumbre se prolonga o no. «Si el impago se resuelve en los próximos meses el impacto será bajo», proyecta el economista Fausto Spotorno, del Centro de Estudios Económicos. «Pero si en enero de 2015 la incertidumbre sigue y se complica con la aceleración de bonos, entonces el golpe será mayor», advirtió. La aceleración es un derecho que tienen los acreedores que aceptaron la reprogramación. En caso de que no se les pague a tiempo, con el acuerdo de un 25% de inversores se podría exigir al Estado un pago anticipado de esa deuda.

«Impredecible»

Para Miguel Kiguel, de la consultora Econviews, el futuro hoy es «impredecible». Si bien es cierto que Argentina depositó su vencimiento, el dinero no llegó a los acreedores. «Eso determina el incumplimiento. Es un 'default' raro porque no hay insolvencia, pero es un 'default'», calificó el economista, que fue subsecretario de Financiamiento en el Gobierno de Carlos Menem. Kiguel precisó que ahora se prevén dos escenarios. El primero es uno en el que Argentina se pone al día en los próximos meses sin caer en una nueva reestructuración. «Sería una pequeña mancha, con consecuencias económicas, algo traumático pero no trágico», explicó. Esta opción parece lejana al discurso que mantiene el Gobierno por estos días.

En cambio, el escenario delicado ocurriría si los inversores deciden acelerar. Kiguel remarcó que en el caso de los 'bonos Par', hay incentivos para reclamar la aceleración porque se trata de títulos con vencimiento en 2033 y 2038. «Eso sería complicado y puede pasar, es muy probable», alertó. Si los dueños de esos bonos aceleran, son unos 16.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) que el Gobierno se vería obligado a pagar. Si no lo hiciera, estos inversores podrían litigar en Nueva York a pesar de que hasta ahora cobraban puntualmente.

Otro riesgo es el de los juicios de los otros inversores que quedaron fuera del canje. Los que ya ganaron el litigio son apenas un 1%, pero hay otro 6% -en total exigen 15.000 millones de dólares- que está avanzando con sus causas ante la Justicia de Nueva York. Cuando tengan sentencia van a exigir que se cumpla. Son los que en la jerga financiera se identifica como 'me too' (a mí también). Según Spotorno, de ese total hay 10.000 millones de dólares que son también de fondos 'buitre'.

Otro experto que se manifiesta preocupado es Luciano Cohen de la consultora Elypsis. «La aceleración es el mayor peligro al que está expuesto el país. Es de baja probabilidad pero sería una muy mala noticia porque pasaríamos de un 'default' liviano de pocos meses a una nueva reestructuración». La nueva reestructuración podría ser una salida tentadora para el Gobierno, que necesita escapar de la jurisdicción de Nueva York. Pero hay que ver si los acreedores aceptan un nuevo cambio de reglas. Para Cohen, «sería quemar las naves y dejar al próximo Gobierno para que lo resuelva».