Hoy aprueban de forma inicial la ordenanza para regularizar viviendas

El Ayuntamiento aprobará hoy en pleno de forma inicial la Ordenanza Municipal de Regularización de Viviendas. Un nuevo paso en la solución definitiva a un problema histórico que se comenzó a encauzar tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia Benavente, puso de manifiesto la importancia del PGOU para la consecución de este objetivo prioritario de regularizar la estructura territorial de El Puerto. Esta especial situación de la estructura territorial de la ciudad ha llevado al equipo de Gobierno a confeccionar una Ordenanza que permita facilitar la regularización (urbanización y reparcelación) de las viviendas ilegales.

Gracias a esta ordenanza y al Plan General, más de 4.000 portuenses van a ver, por fin, resuelta la situación en la que se encuentran sus propiedades. Precisamente la Ordenanza Municipal pretende adaptar la realidad a las normas obligatoriamente aplicables a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a fin de posibilitar la mejora de la calidad de vida de sus residentes, con aplicación de las reglas básicas de los deberes urbanísticos. Hay que tener en cuenta que la regularización urbanística de los distintos diseminados contemplados en el PGOU como áreas de regularización, se hace en dos aspectos: de un lado, la normalización de los suelos urbanos no consolidados hasta su transformación en solar mediante el cumplimiento de los deberes vinculados a este tipo de suelo; y de otro lado, la regularización de las edificaciones existentes.

La Ordenanza fija que el sistema de regularización sea sistemático, de compensación, por la adhesión del 51% de los propietarios del área a regularizar. Asimismo, el documento establece medios para hacer más sencilla la justificación de la solvencia económica y técnica que requiere la Ley. Serán los propios vecinos los que tengan que iniciar y llevar a cabo el proceso (con la colaboración y apoyo técnico del Ayuntamiento), siendo necesario el apoyo de más del 50% de la propiedad del suelo constituidos en junta de compensación.

Leocadia Benavente destacó que este documento establece la posibilidad de sustituir el 10% de la cesión de suelos del aprovechamiento municipal en metálico ya que se da la realidad de que algunas áreas de regulación están colmatadas, lo que les impide hacer las cesiones de suelo pertinentes.

Otro asunto importante que recoge el compromiso del alcalde, Alfonso Candón, y el equipo de Gobierno de facilitar al máximo a estos vecinos la regularización de sus viviendas, es que el documento recoge la posibilidad de que los propietarios fraccionen las obligaciones monetarias para con el Ayuntamiento, con las garantías y condicionantes que prevea la Ordenanza Fiscal General. La Ordenanza Municipal también es consciente de la realidad existente en muchas de estas parcelas que cuentan ya con infraestructuras, por lo que se contempla una reducción de la garantía a presentar por la Junta de Compensación del 20 al 7 por ciento. En esos casos, el Ayuntamiento también recoge en la Ordenanza cuáles deben ser los mínimos básicos de dichas infraestructuras de tal forma que se procuren mantener al máximo.

En lo referente a las edificaciones existentes, se establece un plazo de dos años desde la aprobación del proyecto de reparcelación para solicitar la legalización. En el caso de que se solicite fraccionamiento del pago, la solicitud debe acompañar la de la legalización. Igualmente, para las edificaciones que ya existen en estas áreas, la Ordenanza exige el cumplimiento de condiciones mínimas de salubridad, ornato y habitabilidad a fin de conseguir la 'Declaración Administrativa de Compatibilidad'. De hecho, la Ordenanza recoge expresamente los elementos que hay que conservar. El texto que se somete a su aprobación inicial en el Pleno Extraordinario de mañana viernes se establece que la duración mínima de las Entidades Urbanísticas de Conservación sea de 4 años.

Por último, Benavente explicó que se va a crear una comisión de seguimiento para conseguir la buena marcha del proceso de regularización que se reunirá cuantas veces sea necesario y siempre cada tres meses.