Rajoy advierte a Mas de que no negociará ni la fecha ni la pregunta de la consulta

A escasos días de la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas, el presidente del Gobierno echó ayer un jarro de agua fría a las pretensiones del gobernante catalán de negociar la fecha y la pregunta de la consulta dando por hecho que el Ejecutivo cental autorizará el referéndum. «No voy a entrar en debates absurdos. Desde el primer minuto en que se anunció la convocatoria de un referéndum, y que yo conocí a través de los medios de comunicación, ya dije que no se podía celebrar y que yo no lo iba a autorizar», subrayó antes de participar en el Consejo Europeo de Bruselas.

El presidente del Gobierno insistió una vez más en que «el referéndum es ilegal y, por tanto, no se va a celebrar». Rajoy hizo estos comentarios en las vísperas de su reunión con Mas porque «es mejor decir las cosas con claridad para no generar falsas expectativas». Para el jefe del Ejecutivo hablar de cambio de fechas o de preguntas es «muy poco serio» y aseguró que cuando en los próximos días se vea con el presidente de la Generalitat no va a «entrar en ese juego».

Horas antes de escuchar el rapapolvo, Mas contactó con los líderes de los partidos que impulsan la consulta, Esquerra, Iniciativa y la CUP, para dejar atada su posición en la negociación con el presidente del Gobierno, en la que cuenta con un margen muy estrecho por ambos lados.El martes se encontró con una negativa de los partidos soberanistas cuando abrió la puerta a cambiar la fecha y la pregunta de la consulta, siempre y cuando el jefe del Ejecutivo central autorizara la votación. Y ayer se topó con el portazo de Rajoy a hablar de calendarios e interrogantes.

Antes de conocer los puntos de vista de su anfitrión, Mas habló con Oriol Junqueras, Joan Herrera y David Fernández para tranquilizarles y trasladarles que no ha cambiado su discurso, buscó asimismo visualizar el máximo de unidad en torno al proceso, despejó dudas, reafirmó su compromiso firme con la consulta y con lo pactado con los otros tres partidos, yles hizo saber que no negociará nada a sus espaldas porque cualquier oferta que haga la Moncloa el Ejecutivo catalán deberá consensuarla con ellos. No es que la Generalitat espere una gran oferta del presidente del Gobierno, pero en caso de que durante la reunión Rajoy flexibilizara su posición, la fecha y la pregunta «no se modificarán si no hay un acuerdo entre todos» los partidos soberanistas, según el Ejecutivo catalán. Unas expectativas excesivas a tenor de los comentarios de Rajoy en Bruselas.

Las palabras del jefe del Ejecutivo central apuntalaron el sentimiento escéptico que sobre el resultado del encuentro entre ambos presidentes tienen los partidos catalanes, más aún tras el goteo de manifiestos presionando a Rajoy. Las formaciones que impulsan la consulta coinciden en que la Moncloa ha accedido a reunirse con Mas para volver a visualizar su negativa a negociar con los nacionalistas catalanes y que lo ha hecho además para que desde la UE y los sectores económicos que piden gestos de distensión no le acusen de que no busca el diálogo con Cataluña.

Mas acudirá con «pocas esperanzas», según palabras del secretario de Organización de Convergència, Josep Rull. Aun así, insistirá en reclamar al presidente de la Generalitat que permita la consulta, sin necesidad de autorizarla, y por tanto le instará a que no impugne ni la convocatoria del referéndum ni la ley catalana que dará base legal a la votación. «Al menos le pedimos que no pongan trabas», dijo ayer el consejero catalán de la Presidencia, Francesc Homs. Descartada la transferencia de la competencia estatal para poder celebrar referendos, la última opción que le queda a Mas para llevar a cabo una votación legal es la ley de consultas populares, que ayer superó su penúltimo escollo en el Parlamento autonómico.

Ley de consultas

Con los votos a favor de CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa y la CUP, el 80% del Parlamento catalán, la norma superó el dictamem de la Comisión de Asuntos Institucionales antes de someterse al dictamen del Consejo de Garantías estatutarias, una especie de tribunal constitucional autonómico, y de ser votada defintivamente en un pleno previsto para la segunda quincena de septiembre, es posible que coincidiendo con el referéndum escocés del 18 de ese mes.

La ley «nos permitirá votar y amparará la consulta del 9 de noviembre», afirmaron desde CiU. «Es plenamente constitucional y tendrá una gran utilidad en la consulta del 9 de noviembre y en el resto de posibles consultas que se puedan ejercer», apuntaron en ERC. El PSC también apoyó la norma porque se trata a su juicio de un mecanismo de participación democrática, aunque descartó que vaya a servir para amparar el referéndum sobre la independencia porque con la ley únicamente se podrá consultar a la ciudadanía sobre «cuestiones competencia de la Generalitat o de los ayuntamientos».

PP y Ciutadans se negaron a respaldar el texto porque entienden que pretende disfrazar un referéndum ilegal.