Reclaman a miembros de Virgen del Carmen las deudas por la supuesta estafa

Han pasado más de dos años desde que la Asociación de Discapacitados Físicos y Sensoriales Virgen del Carmen saltara a la palestra por una supuesta estafa y todavía sigue dando sobresaltos. Sorpresas desagradables como la que hace más de un mes se llevaron los que fueron vocales de la junta directiva de la entidad a los que ahora la Seguridad Social exige el pago de parte de la deuda que llevó a detener en junio de 2012 a Antonio Gautier y a Francisco Orrequia, presidente y expresidente de la entidad.

Los dos fueron detenidos por supuestos delitos de estafa contra la Seguridad Social, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores (impagos), entre otros cargos. Y es, precisamente ahora, esta deuda contra la Tesorería de la Seguridad Social la que reclaman, en parte, a los siete miembros de la entidad, tal y como avanzó ayer la web Puente Chico. De los 521.067 euros que en su día cifró la Policía Nacional que constituyen la presunta estafa, la Seguridad Social reclama 61.000 euros.

Lo más significativo es que dicha cantidad se les reclama en su calidad de consejeros de Chiclana Servicios Laborales, S. L., no por su vinculación a Virgen del Carmen. Todo ello, cuando ni ellos mismos sabían que eran consejeros de dicha empresa. «Yo no sabía ni que participaba de esa empresa como consejera, utilizaban nuestras formas en su beneficio», reconoce una de las afectadas, Rafaela Huerta. «Resulta curioso que yo haya recibido esa notificación cuando yo soy también una de las trabajadoras a las que Gautier nos dejó a deber siete meses y el despido improcedente», reconoce Huerta con resignación.

Ella es una de las siete a las que la Seguridad Social les reclama concretamente 61.087,49 euros. De ellas, dos recibieron en primer lugar las notificaciones. «Me consta que una de ellas ya le han embargado o están a punto de hacerlo», matiza Huerta. Todos ellos eran vocales del Virgen del Carmen y consejeros de Chiclana Servicios Laborales pese a que «nunca» acudieron a una reunión de la empresa. «Él utilizaba las reuniones y asambleas de la asociación pese a que no se informaba de nada de la asociación. También alegó que tenía un poder nuestro, pero tampoco firmamos nada similar», explica Huerta.

Lo cierto es que no es la primera vez que la Seguridad Social intenta cobrar lo adeudado por Orrequia y Gautier. Ya en su día, la actual junta directiva de la Asociación La Rampa (que tomó el testigo de la Asociación Virgen del Carmen y algunos de ellos formaron parte de su directiva) recibió el mismo «expediente de derivación de deudas» por «no haber efectuado los actos conducentes a la disolución de la sociedad existiendo causa para ello», como detalla el escrito recibido por Huerta.

Melchor Lobón, actual vicepresidente de La Rampa, fue uno de los que recibió el escrito, tal y como él mismo reconoce. «Tuvimos que presentar la documentación en la que aclaramos que salimos de esa entidad y que ya no tenemos nada que ver con ella», explica Lobón. Un proceso que realizaron bajo notario, ante los problemas que se avecinaban. «Al aceptar nuestra explicación han ido contra los vocales anteriores que formaban parte de la junta directiva del Virgen del Carmen», reconoce Lobón.

Lo cierto es que tanto Gautier como Orrequia tienen multitud de causas abiertas por su paso tanto por Virgen del Carmen, como Chiclana Servicios Laborales y por la Fundación Caminar. En el momento de su detención, la Policía cifró en un millón y medio de euros la supuesta estafa por el desvío de un plan de empleo local que le concedió el Ayuntamiento en su etapa socialista. A eso se sumó deudas con Hacienda por impagos del IVA o a los propios trabajadores. Así, los impagos a los empleados de la asociación, la empresa y la fundación (que entre todos suman unos 200 empleados), fueron desde los dos meses adeudados al año. Dichos impagos llevaron a la denuncia de muchos de estos trabajadores y a juicios que, en los últimos tiempos se están resolviendo dando la razón a los empleados, aunque con la incomparecencia de los que fueran administradores de las entidades morosas.