Nuevo desencuentro entre administraciones para salvar la crisis en los servicios sociales

Sentar a dos administraciones de distinto color político para buscar una salida pactada que libre del desempleo a los 24 trabajadores de los servicios sociales de Cádiz y que este departamento no se vea afectado por el importante recorte de personal, parece misión imposible. Por segunda vez, Ayuntamiento y la Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales protagonizan un intento de reunión fallida. La Junta de Personal del Consistorio los había convocado para mantener un encuentro a tres bandas hoy. El objetivo, como expresaron los representantes de los trabajadores municipales, es que se desbloqueara el conflicto y pudieran regresar a sus puestos los 24 empleados que desde el lunes de la semana pasada están en el paro. Sin embargo, han obtenido la misma respuesta desde San Juan de Dios y desde la avenida María Auxiliadora: sin huecos en las agendas.

Según explicaron fuentes oficiales del departamento que dirige la delegada Miriam Alconchel, la petición de reunión la habían recibido ayer por la mañana, aunque la intención de la Junta de Personal se conocía desde el día anterior porque lo habían hecho público a los medios. Esas mismas fuentes aseguran que están a disposición de los trabajadores pero que la delegada tenía la agenda cerrada cuando llegó el ofrecimiento de los trabajadores.

Misma respuesta han obtenido del Ayuntamiento. El primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández, que sustituye de forma momentánea a la regidora que está ausente por vacaciones unos días, les ha remitido un escrito confirmando que por problemas de agenda no podían acudir hoy a la reunión, pero los convocaba a un encuentro el próximo lunes. Desde la Junta de Personal sostienen que la salida al conflicto sólo puede venir de la mano de las dos administraciones.

Ya la semana pasada, la directora general de Servicios Sociales de la Junta y la concejala Carmen Sánchez fueron incapaces de mantener un encuentro donde abordar este problema. Una vez más se cruzan los reproches de que no hubo interés por la otra parte, que no se devolvieron llamadas o que tan sólo se dejó un post-it con un número anotado. Lo cierto es que ambas estuvieron en la misma sala y no supieron encontrar la oportunidad.

La Junta se mantiene en su postura de que los fondos para sufragar el Plan Concertado están garantizados a falta de la pertinente fiscalización y que no hay justificación para el recorte. Desde el Consistorio sostienen que la nueva normativa de sostenibilidad financiera de los ayuntamientos les impide sufragar con fondos propios las aportaciones que les corresponden a otras administraciones y apuntan a informes de reparo de la intervención municipal. La Junta responde a su vez, que ese conjunto de normas no entran en vigor hasta 2016 y que el Ayuntamiento, por tanto, se está precipitando en su aplicación.