La Audiencia archiva la denuncia por la carga policial de hace dos años en Filosofía

Partidos (a excepción del PP), artistas, escritores, asociaciones, sindicatos...En enero de 2012 se constituyó un breve pero amplio frente social que censuró la actuación policial que llevaron a cabo una decena de agentes en el interior de la Facultad de Filosofía y Letras la tarde del día 12. Esa jornada, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, hoy presidente de la sala de lo Penal de dicho órgano y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, participaba en una conferencia junto al escritor José María Ridao dentro del ciclo 'Diálogos sobre la libertad'. El acto fue interrumpido por un grupo de 30 personas que formaban parte del movimiento Valcárcel Recuperado, que reivindicaban la ocupación del antiguo hospicio viñero. Tras la lectura del manifiesto, a la salida comenzó la trifulca en la que se vieron inmersos no sólo agentes del Cuerpo Nacional sino también guardaespaldas del magistrado. Un detenido, cuatro heridos y un cruce de denuncias. Ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón al juez instructor del nº 2 de Cádiz, que archivó la denuncia que habían formulado varios de los participantes en la protesta contra la carga policial, que definieron de excesiva y sin legitimidad.

«No hubo prohibición del derecho de reunión y manifestación sino intervención policial a raíz de la presunta comisión de delitos graves como alteración del orden público, coacciones graves, atentado a agente de la autoridad, resistencia, lesiones...», argumenta el tribunal de la Sección Tercera, haciendo suyos los que había esgrimido previamente el juez instructor para rechazar hasta en dos ocasiones la denuncia y el recurso de los activistas de Valcárcel Recuperado.

La Audiencia, además, cuestiona los motivos que hay detrás de esta acción procesal. Acusa a los seis recurrentes de haber usado este procedimiento como línea de defensa ya que en su día fueron denunciados por la Policía y se encuentran imputados en las diligencias previas 108/12 que instruye el mismo juez del nº 2 de Cádiz. En el recurso se define la denuncia de los activistas de «artificiosa en cuanto aspira a conformar una doble condición que no es posible en el mismo procedimiento; esto es, la de acusadores de los testigos de cargo existentes contra ellos como imputados».

La denuncia original de los miembros de Valcárcel Recuperado tampoco contó con el respaldo de la Fiscalía que archivó un escrito que había remitido el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, en el que hacía constar que desde la institución académica no se había solicitado la intervención policial y que no constaba la comisión de un delito flagrante. Apelaba, además, a la autonomía universitaria como espacio de libertad académica. Sin embargo, el fiscal respondió que la actuación policial no violó ese espacio sino que se desencadenó ante una alteración del orden público y el riesgo que entrañaba esta situación para un personaje público que requería de escolta como el magistrado Grande-Marlaska.