Un juzgado de Puerto Real paraliza la exhumación en la fosa del cementerio

Hay que seguir esperando. La recuperación de tres cadáveres en los trabajos de exhumación que se iniciaron la semana pasada en el cementerio de Puerto Real, dentro de un proyecto amparado por la ley de memoria histórica, han sido paralizados por orden judicial. El hallazgo de restos humanos fuera de los espacios autorizados, como los camposantos, obliga a la apertura de diligencias judiciales que determinen si cabe iniciar una investigación penal.

Los responsables de la excavación, nada más constatar la aparición de huesos, avisaron a la Policía Nacional que a su vez dio parte al juzgado de guardia. La siguiente orden emitida por una jueza de Puerto Real fue suspender los trabajos hasta que se confirmen que son restos antiguos, que en cualquier caso no podrían ser investigados porque los delitos han prescrito. Parece una obviedad, pero explican fuentes judiciales que es un procedimiento habitual para ir definiendo si se está ante una fosa común del periodo de la Guerra Civil y posterior como defienden los responsables de la asociación de Memoria Histórica de Puerto Real que llevan trabajando en este proyecto de exhumación desde el año 2007.

A principios de esta semana saltaba la noticia de que en la zona del cementerio de San Roque donde se había detectado la fosa común en 2010 se habían recuperado tres cuerpos y lo que podría ser una prueba evidente de que, al menos uno de ellos, había sido fusilado. El arqueólogo había recuperado un casquillo de bala. Si bien, estos hallazgos no son nuevos. Ya en 2010, cuando la Delegación provincial de Cultura, en colaboración con la Consejería de Justicia, trabajó en la zona para localizar la fosa, obtuvo los mismos resultados.

Por entonces, un equipo técnico con georadar detectó los primeros huesos que confirmaban que se estaba ante un enterramiento de varios cadáveres al hallarse más de un cráneo. Un forense determinó que los restos podían tener una antigüedad que coincidiera con el periodo de la Guerra Civil y posterior. El siguiente paso fue volver a enterrar los restos hasta que la asociación obtuviera la financiación y los permisos para exhumarlos.

Desde 2010

Ahora, al abrirse de nuevo la zanja que hay en una calle interior del camposanto, entre filas de nichos, han vuelto a recuperarse esos primeros restos que el georadar encontró en 2010. La previsión es que si la jueza autoriza que se retomen en los próximos días las labores de exhumación, la asociación inicie el rastreo de familiares que reclamen como suyos esos cuerpos. Llegados a este punto, la prueba de ADN es el único camino que queda para resolver las incógnitas de aquellos que buscan desaparecidos durante la contienda y la represión militar que siguió. A través de la información recogida por testimonios y la reconstrucción de los hechos ocurridos hace décadas, en ese cementerio se encuentran más de 120 personas enterradas, víctimas de un periodo negro de la historia española.

A las asociación puertorrealeña se ha acercado una veintena de personas que sospechan o tienen la certeza de que sus familiares fueron fusilados en la tapia del camposanto de San Roque.

Esa fosa es una de las 100 que en diciembre de 2010 la Junta identificó y situó en un mapa de la provincia de Cádiz. Un centenar de un total de 620 enterramientos localizados en toda la comunidad autónoma. La Administración regional contabiliza 3.021 víctimas que pudieran estar enterradas en las fosas de Cádiz. De esta cifra, los cuerpos de menos de un centenar de víctimas han podido ser exhumados desde que en 2003 la Junta aprobó el primer decreto -334/2003- que definía trabajos de coordinación para la recuperación de la memoria histórica.

Una cuestión que genera polémica pero que en la práctica se ha materializado principalmente en el cambio de nombres de vías y plazas, la eliminación de símbolos preconstitucionales pero en pocos proyectos de exhumación concluidos.

Escollo tras escollo

Los trámites para obtener los permisos que posibiliten la excavación en terrenos públicos o privados y la falta de recursos económicos para ejecutar proyectos que conllevan un importante desembolso económico han sido los principales escollos para que no se haya actuado en la mayoría de los enterramientos localizados por la Administración regional. Aunque desde 2003 existe una norma en Andalucía que reconoce el derecho de los familiares de las víctimas a poder acceder a sus restos; no fue hasta 2013 cuando se aprobó la base reguladora para la concesión de las subvenciones que sufraguen los proyectos de exhumación. Y a esto se suma la burocracia que frena la tramitación de los permisos en algunos casos o que colisiona con la prohibición expresa en otros.

Un ejemplo paradigmático de la lentitud en estos procesos es el caso de Puerto Real. La confirmación científica de que existe una fosa común que podría datar de la época de la Guerra Civil la obtienen en 2010 y los trabajos no ha podido iniciarse hasta hace dos semanas tras obtener todos los permisos y la concesión de una ayuda pública de 15.000 euros.

Con este proyecto ya son cuatro las fosas que se han abierto en la provincia desde 2004 -sumando El Bosque, Grazalema y el Marrufo-. En todas ellas hay intervención pública, pero requirieron del empuje asociativo y en el caso del cortijo jerezano, del aporte económico del dueño de Lotus, que buscaba los restos de su abuelo.

La Junta tiene previsto como actuación directa, sin que medie una asociación, un trabajo de exhumación en el cementerio de la capital; un proyecto atascado en la telaraña de las relaciones entre administraciones de distinto color político. El Ayuntamiento asegura que está a la espera de que la Consejería de Salud le firme los permisos para autorizar los trabajos; desde la Junta responden que toda la documentación está ya disponible. De mientras, las familias siguen esperando.