El extesorero de UGT se exculpa y declara ante el juez que informaba de todo a la ejecutiva de UGT-A

Federico Fresneda, extesorero de UGT Andalucía durante el mandato de Manuel Pastrana, fue ayer imputado por fraude en subvenciones y falsedad y quedó en libertad sin fianza. El más relevante de los 16 detenidos en la 'operación Cirene 2' negó cualquier responsabilidad en la supuesta trama de facturas falsas que el sindicato habría montado para desviar fondos de los cursos de formación para actividades diversas, desde una comida en la feria hasta pancartas, maletines falsos o manifestaciones.

El titular del juzgado de instrucción número 9, Juan Jesús García Vélez, concluyó a primera hora de la tarde el interrogatorio de los últimos detenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Todos ellos han quedado en libertad con estos cargos, fraude y falsedad, y sólo dos, Fresneda y la ex secretaria de gestión económica, María Charpín, deberán presentarse en el juzgado cada quince días a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Fresneda, que fue detenido en Canarias el pasado martes, había llegado en la tarde del miércoles y se negó declarar ante la Guardia Civil. En el Juzgado, sin embargo, su comparecencia se prolongó durante varias horas.

Existía gran expectación por la declaración del extesorero, que fue responsable de Administración y Recursos Humanos de UGT-A entre 2005 y 2013. Dijo que no sabía nada de facturas infladas ni de que se cambiaran conceptos en las mismas y aseguró que él no era quien pedía las subvenciones, sino que apuntó hacia abajo, hacia la ex secretaria de gestión económica de la ejecutiva de Pastrana, María Charpìn.

Según Fresneda, a él le llegaban las facturas ya hechas con el cargo y el programa al que se atribuían. A preguntas de las partes, Fresneda dijo que de todas las gestiones económicas, y de las subvenciones en concreto, se informaba puntualmente a la ejecutiva regional. Nadie le inquirió específicamente por el papel de Manuel Pastrana en esta investigación, dijeron fuentes del caso.

María Charpín, que perteneció también a la ejecutiva de Pastrana y que tras su marcha fue nombrada miembro de la comisión de garantías del sindicato, un órgano confederal, también prestó declaración en la mañana de ayer ante el juez García Vélez y admitió que sí era quien gestionaba las subvenciones pero que siempre lo hizo «cumpliendo la ley y el correspondiente reglamento andaluz».

'Botes' y comisiones

Como otros declarantes, la ex secretaria de gestión económica dijo que no sabe nada de los llamados 'botes' o sobrecostes y los 'rappels' o comisiones que supuestamente se llevaban a cabo y con los que el sindicato conseguía dinero a base de obtener descuentos en las grandes compras que efectuaba.

La tercera sindicalista detenida, Dolores Sánchez Montaño, que fue jefa de compras en la UGT-A, compareció también ante el juez en el transcurso de la mañana. Dijo que su trabajo consistía en recibir el listado de necesidades, comprobar que había presupuesto y encargar los correspondientes servicios. Admitió que podía existir una única factura conjunta, pero por materiales suministrados en distintas entregas, con distintos albaranes. Sánchez Montaño, como Charpín, trabajaban a las órdenes de Fresneda.

También quedaron en libertad con cargos las dos directivas de Carpetas Abadía, detenidas en Alicante, tras declarar en el juzgado de Novelda.